El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó de la segunda audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina para tratar la deuda que la Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene con la provincia por más de $2,3 billones.

El encuentro se desarrolló en el marco de una demanda iniciada por el gobierno bonaerense debido a la suspensión de transferencias obligatorias destinadas a las cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación. Junto al mandatario estuvieron presentes el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.

Tras la audiencia, Kicillof destacó que se logró un avance concreto: el Ministerio de Economía nacional y la ANSES deberán presentar una propuesta de pago el próximo 10 de junio. “Es algo que venimos reclamando hace más de dos años”, subrayó.

El gobernador explicó que el reclamo se vincula con fondos que el organismo previsional debe transferir a las provincias que mantienen sus propios sistemas jubilatorios. En ese sentido, remarcó la magnitud del conflicto: “La Provincia tiene en total ocho reclamos ante la Corte Suprema que suman más de $15 billones, una cifra que representa cerca de un tercio del presupuesto anual”.

Además, el mandatario bonaerense cuestionó el impacto de las políticas nacionales sobre las finanzas provinciales. Señaló que, desde el inicio de la actual gestión, se redujeron transferencias y se profundizó la presión sobre provincias y municipios, lo que —según sostuvo— incrementó las demandas sociales.

Entre las otras demandas iniciadas por la provincia se encuentran reclamos por recortes en fondos de seguridad, transporte, salarios docentes, bosques nativos y el incumplimiento de acuerdos fiscales previos.

De la audiencia también participaron el fiscal de Estado, Hernán Gómez, y la titular del Instituto de Previsión Social, Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, Marina Moretti.

La resolución de este conflicto será clave para el equilibrio financiero de la provincia en un contexto económico desafiante, donde los recursos disponibles resultan determinantes para sostener servicios y políticas públicas.