La Federación del Personal de Vialidad denunció un “desmantelamiento sistemático” del organismo estatal tras la implementación del decreto 253, firmado por el presidente Javier Milei, que delega en nueve provincias la facultad de licitar obras viales bajo el sistema de peajes.

Según el informe elaborado por el gremio, la medida representa “el mayor proceso de vaciamiento desde la privatización de los años 90” y pone en riesgo al menos 785 puestos de trabajo de agentes que actualmente se desempeñan en la Dirección Nacional de Vialidad.

“Detrás de la retórica del federalismo cooperativo se esconde una lógica de desmantelamiento que dejará a miles de trabajadores sin función y a la red troncal en manos de concesionarios privados sin control técnico efectivo del Estado”, sostiene el documento titulado “El desmantelamiento encubierto de la Dirección Nacional de Vialidad”.

El decreto contempla la cesión de tramos de rutas a provincias como Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz, lo que —según el análisis sindical— implica un “viraje estructural” en el modelo de gestión de la infraestructura vial.

Desde el sector advierten que, aunque el organismo no fue formalmente disuelto —luego del rechazo legislativo al decreto 461/2025—, su rol quedaría reducido a una función residual. “Se transforma en una cáscara institucional que supervisa tramos que ya no controla y audita contratos que no redactó”, remarcan.

El informe también cuestiona la falta de garantías laborales: el decreto no contempla cláusulas de protección para los trabajadores ni acuerdos de absorción por parte de eventuales concesionarios. “De los trabajadores que hoy mantienen esas rutas, silencio absoluto”, señalaron.

Además, denuncian que la medida se implementó sin instancias de consulta con los sindicatos, lo que —afirman— vulnera principios de negociación colectiva y derechos laborales establecidos en la Constitución.

Otro de los puntos críticos es la fragmentación del sistema vial. Como ejemplo, mencionan la división de la Ruta Nacional 40 en múltiples jurisdicciones, lo que podría derivar en diferentes esquemas tarifarios, estándares técnicos y niveles de mantenimiento. “Dejará de ser una ruta nacional unificada para convertirse en un pastiche de concesiones”, advierten.

El documento también pone en duda la viabilidad económica del esquema: asegura que cerca del 60% de los tramos incluidos no tienen el nivel de tránsito necesario para sostener un sistema de peajes sin subsidios estatales, lo que podría derivar en abandono de rutas o mayores costos para usuarios y sectores productivos.

Finalmente, los trabajadores trazan un paralelismo con las políticas de privatización del gobierno de Carlos Menem en la década del 90. “No es la misma privatización, es más sofisticada, pero el resultado estructural es similar: la pérdida de capacidad estatal y la transferencia de activos al sector privado”, concluye el informe.