El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, modificó su declaración jurada correspondiente a 2024 ante la Oficina Anticorrupción para incorporar un inmueble que no había sido consignado originalmente. Se trata de una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, adquirida a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, cuya omisión había quedado expuesta en medio de una investigación por presunto incremento patrimonial.

La rectificación se produjo con un año de demora y en la antesala del vencimiento del plazo para presentar la nueva declaración. Según fuentes judiciales, la actualización fue remitida al fiscal Carlos Pollicita y al juzgado a cargo de Ariel Lijo, en el marco de una causa que analiza la evolución de los bienes del funcionario.

La propiedad en cuestión fue adquirida el 15 de noviembre de 2024 y, de acuerdo con la normativa vigente, debía figurar en el anexo reservado de la declaración, donde se detallan los bienes del cónyuge. Sin embargo, ese apartado no había sido presentado en su momento. La incorporación posterior del dato alimenta las sospechas sobre posibles inconsistencias en la información patrimonial.

La investigación también abarca operaciones financieras vinculadas a la compra de inmuebles. En los trámites intervino la escribana Adriana Nechevenko, quien indicó que en paralelo se gestionó un préstamo otorgado por dos particulares: Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio. Ambas declararon que entregaron 100.000 dólares en efectivo, con una tasa de interés del 11 por ciento anual, y que aún restan 70.000 dólares por saldar.

Según sus testimonios, el dinero fue destinado a la adquisición de la vivienda en el country, donde inicialmente se habrían abonado 20.000 dólares más un adicional de ingreso. Como garantía, el funcionario habría constituido una hipoteca sobre otro inmueble de su propiedad.

El expediente también pone bajo la lupa la compra de un departamento ubicado en la calle Miró al 500, en el barrio de Parque Chacabuco. La operación presenta características atípicas: el inmueble, valuado en 230.000 dólares, habría sido adquirido con un pago inicial cercano a los 30.000 dólares, quedando un saldo de 200.000 a cancelar sin intereses en un plazo diferido.

En ese contexto, este miércoles prestarán declaración las vendedoras del inmueble, cuyas testimoniales son consideradas relevantes para esclarecer los términos de la transacción. La modalidad de pago, poco frecuente en el mercado inmobiliario, genera interrogantes adicionales sobre la operatoria.

La legislación argentina obliga a los funcionarios públicos a declarar la totalidad de sus bienes, incluyendo los de sus cónyuges e hijos menores. La omisión de datos puede derivar en sanciones administrativas o incluso en causas penales por “omisión maliciosa”, una figura que contempla penas de hasta dos años de prisión. En casos de enriquecimiento ilícito, las penas pueden alcanzar los seis años de prisión e inhabilitación perpetua.

La causa también examina el nivel de gastos del funcionario, incluyendo viajes y consumos que no se condicen, en principio, con sus ingresos declarados. Entre los puntos bajo análisis figuran vuelos en primera clase, estadías en el exterior y el uso de servicios privados, lo que amplía el foco de la investigación más allá de las propiedades adquiridas.

En el plano político, la situación generó repercusiones dentro del oficialismo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, deslizó cuestionamientos al señalar que el funcionario podría no tener experiencia suficiente en el manejo de este tipo de situaciones, aunque luego evitó profundizar en el tema y remarcó que el caso está en manos de la Justicia.

Con nuevas declaraciones testimoniales en curso y documentación en revisión, el expediente avanza mientras crecen las dudas sobre la consistencia patrimonial del jefe de Gabinete y la legalidad de las operaciones realizadas durante su gestión.