La Justicia federal profundiza la investigación sobre Manuel Adorni con una decisión de alto impacto: el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti, con el objetivo de analizar en detalle su evolución patrimonial.

La medida permitirá acceder a información sensible como cuentas bancarias, consumos con tarjetas, transferencias, ahorros y operaciones inmobiliarias, en un contexto marcado por crecientes sospechas sobre el nivel de gastos de la pareja y su correlato con los ingresos declarados.

Uno de los puntos que encendió las alarmas fue el viaje a Nueva York, realizado en el marco de la “Argentina Week 2026”. Según consta en la causa, el regreso del funcionario a Buenos Aires tuvo un costo cercano a los 5.000 dólares, abonado por la Jefatura de Gabinete, mientras que el pasaje de su esposa ascendió a poco más de 5.100 dólares. En total, el traslado superó los 10.000 dólares, con ambos viajando en clase ejecutiva.

De acuerdo a la investigación impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, se busca determinar si los gastos efectuados por la pareja son compatibles con sus ingresos. El dato central es que el salario del funcionario se habría mantenido en torno a los tres millones y medio de pesos mensuales, con ahorros declarados por 48.700 dólares, cifras que generan dudas frente al nivel de consumo evidenciado.

En este escenario, la decisión judicial apunta a reconstruir con precisión el movimiento financiero del matrimonio. Además del levantamiento del secreto, se solicitó información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero sobre bienes, ingresos y operaciones económicas, y se dispuso la citación de nuevos testigos.

El expediente también suma interrogantes sobre distintas operaciones inmobiliarias. Testimonios incorporados a la causa indican que el funcionario no había registrado compras de este tipo en años anteriores, pero en un corto período concretó adquisiciones significativas, algunas con modalidades de financiamiento poco habituales.

Entre ellas, se destaca la compra de una propiedad en el barrio de Caballito por 230.000 dólares, de los cuales solo habría abonado 30.000 al momento de la operación, con el resto financiado a un año y sin intereses. También figura la adquisición de una vivienda en un country, junto con otros gastos vinculados.

La investigación incluye además viajes al exterior, como una estadía en el Caribe y traslados en vuelos privados, lo que amplía el foco sobre el estilo de vida del funcionario y su entorno.

Con todas estas medidas, el juzgado busca determinar si existió o no enriquecimiento ilícito, en una causa que suma elementos sensibles y que podría escalar tanto en el plano judicial como en el político.