La investigación judicial conocida como Coimagate sumó un nuevo capítulo con la aparición de pruebas que exponen un entramado de presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. El fiscal Franco Picardi avanzó con un pedido de 29 indagatorias tras detectar operaciones que, según detalló, implicaron el desvío de aproximadamente 75.478.149.019 pesos del erario público en beneficio de un grupo reducido de empresas.

De acuerdo al dictamen, las irregularidades no fueron episodios aislados, sino parte de un esquema sistemático en el que intervinieron “funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo”. La estructura, según la fiscalía, habría estado “conducida desde el sector público, por Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini y, desde el sector privado, por Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian”, todos ya procesados como presuntos jefes de una asociación ilícita.

El expediente, que ya cuenta con 19 procesados, podría ampliarse aún más. Picardi advirtió que la pesquisa continúa y que es probable que se sumen nuevos imputados a medida que avance el análisis de la evidencia recolectada durante los últimos siete meses.

Uno de los puntos centrales del caso es el presunto direccionamiento de compras públicas a través del sistema SIIPFIS, utilizado para gestionar insumos y prestaciones. Según los investigadores, se detectaron irregularidades en múltiples rubros, entre ellos “amputación”, “audífonos”, “cardio”, “implante auditivo”, “neuro”, “sillas/andadores” y “traumatología”, donde las licitaciones habrían sido manipuladas para favorecer a determinadas empresas.

En ese contexto, la fiscalía describió un mecanismo en el que distintas firmas competían de manera ficticia. “Las compulsas de precios se encontraban deliberadamente direccionadas, en tanto la supuesta concurrencia de oferentes no respondía a un escenario real de competencia, sino a una puesta en escena”, señalaron los investigadores.

Las pruebas también revelan la existencia de acuerdos entre empresas para repartirse adjudicaciones y ganancias, alternando roles en los procesos licitatorios. Según el dictamen, este esquema permitió generar “ganancias de miles de millones de pesos para las empresas y sus representantes”, además de retornos ilegales para funcionarios.

En paralelo, volvieron a aparecer referencias a pagos de un 3%, interpretados como posibles coimas. Parte de la evidencia incluye conversaciones en las que se menciona el “3% para KM”, en línea con audios previos en los que se aludía a ese porcentaje. En uno de los mensajes incorporados a la causa, se lee: “Ya le descontaron el 3”, a lo que se responde: “Muy buenooooo”.

Otro intercambio citado en el expediente refuerza esa hipótesis. En una conversación, uno de los implicados afirma: “No hace falta… con el 3% para KM está perfecto”, lo que para los investigadores constituye un indicio relevante sobre el destino de esos fondos.

El rol del lobbista Miguel Ángel Calvete aparece como clave dentro del circuito financiero investigado. Según la fiscalía, mantenía vínculos directos con funcionarios y empresarios, intervenía en la asignación de contratos y gestionaba pagos ilegales. También se mencionan cuadernos y chats como pruebas centrales para reconstruir el flujo del dinero.

El esquema, de acuerdo a los fiscales, funcionó al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, y se caracterizó por una “ventanilla de pagos indebidos” dentro del organismo. “El conjunto de evidencias analizadas permite reconstruir un esquema delictivo permanente en el tiempo, caracterizado por el direccionamiento de compulsas de precios, la cartelización empresarial y, por ende, la connivencia de funcionarios/as públicos/as que se beneficiaban de ello”, afirmaron.

Mientras la causa judicial avanza, desde el organismo también surgieron alertas sobre el impacto administrativo de la situación. Trabajadores señalaron demoras en trámites, pagos fraccionados de salarios y miles de expedientes paralizados, incluyendo tratamientos médicos sensibles.

En este escenario, la investigación sigue abierta y con múltiples líneas en desarrollo, mientras la Justicia deberá definir ahora si hace lugar a las nuevas indagatorias que podrían ampliar significativamente el alcance del escándalo.