El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires formalizó una presentación ante el Ministerio de Economía para denunciar presuntas irregularidades en la licitación de la Red Federal de Concesiones - Etapa II, un proceso que abarca más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales en territorio bonaerense.

A través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y de AUBASA, la administración provincial solicitó la intervención como veedores del Defensor del Pueblo de la Nación y del Defensor del Pueblo de la Provincia, con el objetivo de garantizar la legalidad, transparencia y equidad del procedimiento.

El ministro Gabriel Katopodis explicó que la medida responde a una creciente preocupación por modificaciones introducidas durante el proceso licitatorio. “Ante la preocupación sobre la transparencia del proceso, hoy solicitamos al Ministerio de Economía de la Nación la intervención de las Defensorías del Pueblo para que garanticen la transparencia”, sostuvo.

Según detalló, una de las principales objeciones radica en cambios sustanciales incorporados a través de circulares oficiales, incluso pocos días antes del cierre de presentación de ofertas. Entre ellos, se destacan nuevas exigencias técnicas, económico-financieras y documentales que no figuraban en el pliego original.

En particular, la Circular Modificatoria Sin Consulta N° 2, publicada el 6 de febrero de 2026, introdujo requisitos adicionales apenas una semana antes del cierre de consultas. Las empresas interesadas contaron con solo 12 días hábiles para adecuarse a esas nuevas condiciones, sin que se otorgara una prórroga, lo que, según la Provincia, podría haber afectado la igualdad entre oferentes.

En ese contexto, AUBASA se presentó como oferente para la concesión de los tramos Sur, Atlántico y Acceso Sur, que incluyen corredores clave como las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de las autopistas Ezeiza-Cañuelas y Riccheri.

Desde el Gobierno provincial aseguraron que la empresa cumplió con todos los requisitos establecidos desde el inicio, aunque la Comisión Evaluadora solicitó aclaraciones sobre aspectos que no estaban contemplados en el pliego, como la validación de su experiencia en la gestión de obras.

“AUBASA es la empresa mejor posicionada, cumplió todos los requisitos y tiene la capacidad de gestión para hacer las obras”, afirmó Katopodis, quien remarcó que el objetivo es garantizar rutas en buen estado, con tarifas accesibles y un servicio eficiente.

La licitación fue lanzada en noviembre de 2025 y avanzó con distintas etapas administrativas hasta la apertura de ofertas en febrero de 2026. Sin embargo, las modificaciones sobre la marcha generaron cuestionamientos sobre la previsibilidad del proceso.

Desde la Provincia advirtieron que una eventual exclusión de AUBASA podría resultar arbitraria y afectar tanto la transparencia institucional como el servicio para los usuarios. En ese sentido, señalaron que el impacto no solo sería administrativo, sino también económico y productivo, al tratarse de corredores estratégicos para el desarrollo bonaerense.

El pedido de intervención de las Defensorías busca, en definitiva, reforzar los mecanismos de control y asegurar que la adjudicación final se realice bajo criterios claros, equitativos y conforme a derecho.