La Cámara de Diputados de la Nación Argentina se prepara para avanzar en el tramo final del tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares, en un escenario donde La Libertad Avanza asegura contar con los votos necesarios para su aprobación definitiva.

El cuerpo legislativo convocó a un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales para el martes a las 14, instancia en la que se buscará emitir dictamen sobre el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado. La iniciativa propone que cada provincia tenga la potestad de definir qué se considera zona periglaciar dentro de su territorio.

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En esa reunión se desarrollará la última ronda de exposiciones, con la participación de equipos técnicos de distintas gobernaciones. Tras estas presentaciones, el oficialismo intentará avanzar con la firma del dictamen para llevar el proyecto al recinto.

Según fuentes parlamentarias, el objetivo es habilitar la sesión el miércoles 8 de abril. En ese sentido, desde el espacio oficialista sostienen que cuentan con el respaldo necesario para convertir la reforma en ley.

Sin embargo, el proyecto enfrenta una fuerte resistencia por parte de bloques como Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, la Coalición Cívica y sectores de Provincias Unidas. Aunque algunos legisladores anticipan que podría haber votos divididos, dentro de la oposición hay quienes consideran que la aprobación del texto es difícil de frenar.

En los días previos, la Cámara llevó adelante dos jornadas de audiencias públicas. La primera fue presencial, mientras que la segunda se realizó mediante la difusión de exposiciones grabadas. Este esquema generó críticas por parte de legisladores y especialistas, quienes señalaron que no todos los interesados pudieron participar del debate.

Las objeciones no solo se centran en el procedimiento, sino también en el contenido de la reforma. Desde distintos sectores advierten que, de ser aprobada, la norma podría derivar en una judicialización, ya sea por presuntas irregularidades en su tratamiento o por el impacto ambiental que implicaría su implementación.

Desde el peronismo recordaron antecedentes judiciales como el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina que ratificó la constitucionalidad de la ley vigente frente a planteos de la minera Barrick Gold. A su vez, desde Provincias Unidas advirtieron que la iniciativa podría generar conflictos entre distritos que comparten áreas periglaciares.

En paralelo, también surgieron cuestionamientos sobre el tratamiento legislativo del proyecto. Durante la conformación de la comisión de Minería, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, criticó que la reforma no haya sido girada a ese ámbito.

El legislador planteó que la decisión de excluir a la comisión de Minería no sería casual y sugirió que se buscó evitar vincular directamente el debate con la actividad extractiva. Sin embargo, en ese mismo espacio se reconoció la relación entre ambas cuestiones, especialmente en lo referido a los controles ambientales en zonas cercanas a áreas periglaciares.

Con este panorama, el oficialismo avanza decidido hacia una definición en el recinto, mientras crecen las tensiones políticas y las advertencias sobre el impacto legal y ambiental de la reforma.