Desde el inicio de la pandemia, el Gobierno Nacional y las provincias realizaron notables esfuerzos en fortalecer el sistema de salud para dar respuesta a la emergencia y, en este lapso, el sector público duplicó la cantidad de camas con las que se contaba al inicio de la pandemia incorporando 4.060 camas de terapia intensiva al sistema de salud, de las cuales el 77% fueron incorporadas al sector público. Esta ampliación representa un incremento del 47% sobre la capacidad instalada previamente en todo el sistema de salud.

Asimismo, desde el Estado Nacional se centralizó la compra y entrega de 4.136 respiradores para las provincias con el fin de garantizar criterios de racionalidad y equidad sanitaria en su distribución, como oportunamente explicó el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García: “para tener un abordaje conjunto a las jurisdicciones de todo el país, algo que no es fácil en un país federal; los países federales suelen tener respuestas que no son uniformes, ni con equidad ni con distribución pareja”.

En cuanto a la ampliación de la capacidad de atención se instalaron 12 hospitales modulares los cuales fueron ubicados estratégicamente de acuerdo a la evolución de la situación epidemiológica. Mientras que en lo referente a la capacidad de diagnóstico se amplió la red con la incorporación de laboratorios a la Red Nacional para diagnóstico de COVID-19, pasando de un único laboratorio al inicio de la pandemia -el ANLIS Malbrán- a más de 1.400 establecimientos capaces de procesar muestras distribuidos en todo el país.

Además, desde el Ministerio de Salud de la Nación se garantizó la disponibilidad de insumos para el diagnóstico de COVID-19 mediante la distribución progresiva de 791.114 reactivos de PCR y de 800 mil tests de antígenos a las 24 jurisdicciones.

“Todo lo hemos hecho en concordancia con el sector público y privado, con el Estado teniendo presencia, con todo el sistema científico, con el ANLIS Malbrán apoyando todas las investigaciones, por eso digo que la reacción de la Argentina ha sido notable, y ahora estamos implementando la campaña de vacunación, la cual hemos trabajado fuertemente con las provincias durante los últimos meses de 2020 y seguimos trabajando”, destacó el ministro.

Por iniciativa de la cartera sanitaria nacional se trasladaron a las provincias más de 750 profesionales itinerantes, entre los que se encontraron enfermeros, kinesiólogos y expertos en emergencia, para fortalecer los equipos de salud en las jurisdicciones cuyos sistemas se encontraban más comprometidos, y se garantizó la disponibilidad de Equipos de Protección Personal para todos los establecimientos del país.

En simultáneo al incremento de los recursos, también desde el Ministerio se promovió la articulación de las distintas redes de servicios de salud en la emergencia a través de un Sistema de Monitoreo de Recursos críticos de Internación que permite acceder en tiempo real al nivel de ocupación de camas de cuidados intensivos en cada establecimiento de salud del país, incluyendo tanto a hospitales públicos como a clínicas privadas.

Dicho sistema cuenta con un tablero de monitoreo que posibilita un seguimiento evolutivo de la situación a nivel nacional, provincial o por establecimiento para identificar aquellos establecimientos que están funcionando al máximo de sus capacidades y aquellos que tienen capacidad disponible y pueden recibir nuevos pacientes.

Los datos relevados a través de este sistema permiten identificar que de no haberse incrementado la capacidad de internación, el sistema de salud hubiera alcanzado niveles de saturación sostenidos (superiores al 85%) durante más de 60 días, entre los meses de septiembre y noviembre a nivel país, y entre los meses de agosto y octubre en el AMBA.

Estas acciones del Estado nacional hicieron que el sector público de salud adquiera un marcado protagonismo al momento de afrontar la pandemia lo que se evidencia en datos concretos y reveladores sobre el testeo y la internación por COVID-19, ya que el 66% de los diagnósticos por COVID-19 fueron realizados por el sector público -más de 1.3 millones de diagnósticos-. Siguiendo la misma línea, el 67% de dichos diagnósticos corresponden a personas que tienen obra social o prepaga (más de 880 mil personas), mientras que el 60% de las personas internadas en el sector público tiene obra social o prepaga (más de 38 mil internados).

Además del esfuerzo del sector público para enfrentar la pandemia, el Gobierno Nacional también implementó medidas de apoyo a las clínicas y sanatorios privados mediante el financiamiento, a través del Programa Sumar, de las internaciones por COVID-19 para personas con cobertura pública, la entrega de equipamiento de alta complejidad en comodato, y el apoyo económico a través de la Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP) a más de 3000 prestadores privados.

“Sin dudas nuestro sistema y todas las personas que trabajan en él han demostrado una capacidad adaptativa sorprendente, en meses hemos logrado hitos de gestión que no se habían podido lograr en años. Se pudo lograr una articulación entre establecimientos públicos y privados, y construir un sistema público que actúe como el garante del acceso universal a la atención por COVID-19 para toda la población”, sostuvo el secretario de Equidad en Salud, Martín Sabignoso.