El debate sobre la medición de la pobreza volvió al centro de la escena tras los últimos datos difundidos por el INDEC, que ubicaron el índice en 28,2% para el segundo semestre de 2025, equivalente a 8,5 millones de personas. Sin embargo, distintos análisis cuestionan la validez de esa mejora y señalan posibles distorsiones en la forma de medir.

Un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas advierte que la caída podría estar sobreestimada en al menos 4 puntos porcentuales debido a problemas metodológicos. Según el estudio, existe una contradicción entre los datos oficiales y otros indicadores clave como el consumo, los salarios y el empleo, que muestran un deterioro sostenido en el mismo período.

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Uno de los principales cuestionamientos apunta a la medición de ingresos a través de la Encuesta Permanente de Hogares. De acuerdo con el informe, los datos relevados reflejan subas que no coinciden con otras fuentes oficiales. En el sector privado, por ejemplo, la encuesta muestra una mejora real del 20%, mientras que el índice de salarios indica una caída del 3,4%. En el sector público, la diferencia es aún más marcada: una baja del 1,8% frente a un retroceso del 21,2% según registros oficiales.

Esta brecha también se observa en las jubilaciones, donde los ingresos captados por la encuesta aparecen por encima de la evolución real de los haberes. Para los especialistas, esta sobreestimación impacta directamente en la medición de pobreza, ya que reduce artificialmente la cantidad de personas bajo la línea.

Otro punto crítico es la forma en que se calcula la Canasta Básica Total, utilizada como referencia para definir la pobreza. Actualmente, se basa en patrones de consumo de 2004-2005, lo que genera un desfase respecto de la estructura actual de gastos. En los últimos años, los servicios aumentaron más que los bienes, pero la canasta vigente no refleja ese cambio, lo que deriva en una subestimación del costo de vida.

En paralelo, los datos de consumo refuerzan el diagnóstico de deterioro. Las ventas en supermercados cayeron 11,3% desde noviembre de 2023, mientras que en mayoristas la baja alcanza el 18,7%. A la par, creció el uso de tarjetas de crédito para sostener el gasto cotidiano, lo que evidencia un mayor nivel de endeudamiento de los hogares.

Los indicadores no monetarios también muestran señales de alerta. Un 22% de la población vive en viviendas de calidad insuficiente, cerca del 19% presenta tenencia precaria y el 14,5% enfrenta problemas de saneamiento. A esto se suma una reducción del gasto social cercana al 20% en términos reales, con impacto en áreas sensibles como vivienda, educación y asistencia.

El informe también señala el efecto distorsivo del aguinaldo en las mediciones trimestrales. Al excluir ese ingreso extraordinario, los niveles de pobreza resultan más altos, lo que sugiere que la mejora observada tiene un componente estacional más que estructural.

En este contexto, distintas voces advierten que la metodología actual no logra captar plenamente el impacto de la inflación ni la pérdida de poder adquisitivo. La combinación de ingresos sobreestimados, canastas desactualizadas y caída del consumo configura, según estos análisis, una imagen más optimista que la realidad económica.

El contraste se vuelve más evidente al observar datos de consumo básico: la venta de yerba mate cayó 9% interanual en febrero, un indicador simbólico en un país donde este producto suele funcionar como sustituto en contextos de crisis. Así, mientras las estadísticas muestran una mejora, el debate sobre cómo medir la pobreza y reflejar la situación real de la sociedad sigue abierto.