Los docentes universitarios iniciarán una nueva semana de protestas con un paro nacional de 72 horas para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y rechazar el ajuste impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La medida afectará el dictado de clases durante toda la semana en universidades públicas y colegios preuniversitarios.

Como parte del plan de lucha, este martes profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires realizarán una clase pública en las inmediaciones de la sede de Puán, sobre la calle Miró al 500, en cercanías de un departamento vinculado al vocero presidencial Manuel Adorni. La actividad busca visibilizar el conflicto y cuestionar las políticas de ajuste.

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La jornada comenzará a las 9.30 con una concentración en la facultad y continuará con una movilización hacia el lugar, donde a las 10 se desarrollará la clase abierta. Desde la AGD UBA señalaron que la iniciativa apunta a evidenciar la contradicción entre el discurso oficial y la situación del sistema universitario.

El paro fue convocado por las federaciones Conadu y Conadu Histórica, junto a otros gremios del Frente Sindical de Universidades Nacionales. La medida se desarrollará los días lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril, con modalidad sin asistencia a los lugares de trabajo.

La protesta tendrá alcance nacional e incluirá también a colegios secundarios preuniversitarios como el Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. En paralelo, otros sindicatos docentes y no docentes se sumarán con distintas modalidades de paro.

Desde los gremios advierten que el conflicto se profundiza por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, que estiman en un 34 por ciento desde el inicio de la actual gestión. Además, denuncian recortes en partidas clave para el funcionamiento del sistema universitario.

Un informe presentado por el rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Germán Pinazo, ante el Consejo Interuniversitario Nacional, sostiene que el presupuesto universitario perdió un 45,6 por ciento de su poder de compra en ese período.

Entre los datos más relevantes, se destaca la reducción total en los fondos para infraestructura, la caída del financiamiento para ciencia y técnica a apenas el 38 por ciento respecto de 2023, y la fuerte disminución en actividades de extensión y becas estudiantiles.

El informe también advierte que los gastos de funcionamiento equivalen actualmente a solo el 40 por ciento de los niveles de enero de 2023, lo que compromete el desarrollo normal de las universidades públicas.

En ese contexto, los gremios universitarios anticipan que podrían profundizar las medidas de fuerza si no hay una convocatoria a paritarias y una recomposición presupuestaria, en un conflicto que amenaza con escalar en las próximas semanas.