Un feroz incendio sacudió a la localidad de Mariano Acosta, en el partido de Merlo, cuando un depósito de garrafas explotó y provocó una serie de detonaciones que derivaron en un escenario de extrema peligrosidad.

El foco ígneo se originó en un predio ubicado sobre la calle Constituyentes, entre Bustillo y Colombres, donde más de mil garrafas comenzaron a estallar entre las 6 y las 8 de la mañana. La violencia de las explosiones hizo que varios envases salieran despedidos a más de 200 metros, mientras el fuego se extendía rápidamente a viviendas linderas.

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Ante la magnitud del siniestro, trabajaron en el lugar al menos diez dotaciones de bomberos, junto a equipos de emergencia y personal de Defensa Civil. Muchos vecinos debieron autoevacuarse en medio del humo y el temor a nuevas explosiones.

Cerca de las 10 de la mañana, los Bomberos Voluntarios informaron que el incendio fue controlado y que ya no hay focos activos, por lo que comenzaron las tareas de enfriamiento y evaluación de daños. Sin embargo, varias viviendas sufrieron incendios generalizados y colapsos parciales de muros debido a la onda expansiva.

El saldo es preocupante: al menos tres personas que trabajaban en el lugar resultaron gravemente heridas con quemaduras de segundo y tercer grado y fueron trasladadas al hospital. Además, un adolescente de 15 años sufrió un fuerte golpe en la cabeza tras ser impactado por una garrafa, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente.

En paralelo, equipos médicos asistieron a numerosos vecinos por problemas respiratorios, crisis nerviosas y ataques de pánico, en un operativo sanitario desplegado de urgencia.

Las causas del incendio aún no fueron determinadas, aunque las autoridades aseguraron que ya no existe riesgo de nuevas explosiones.

El episodio vuelve a poner el foco sobre la situación del gas envasado en el país. Actualmente, cerca de 3,9 millones de hogares dependen de garrafas y, según denuncias de organizaciones de consumidores, el subsidio estatal permanece congelado desde 2023 y sin pagos desde principios de 2025, mientras los precios se multiplicaron en todo el territorio.

El impacto social y económico de esta situación, sumado a la falta de controles en algunos depósitos, abre nuevamente el debate sobre la seguridad y el acceso a la energía en los sectores más vulnerables.