La situación judicial de Manuel Adorni se complica a medida que avanzan las medidas de prueba en una causa que investiga su estilo de vida, sus viajes y su patrimonio. Las inconsistencias entre sus ingresos declarados y sus gastos encendieron alarmas tanto en la Justicia como dentro del propio Gobierno.

Uno de los ejes de la investigación es un viaje a Punta del Este realizado durante el verano, cuyo traslado en jet privado habría costado más de 8.000 dólares. Según la documentación incorporada al expediente, una productora vinculada al conductor televisivo Marcelo Grandio abonó el tramo de ida, lo que podría constituir una dádiva, dado que la empresa mantiene contratos con el Estado. El regreso, en tanto, habría sido cubierto por otra persona cuya identidad no trascendió.

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La causa está a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes solicitaron diversas medidas, entre ellas registros del Aeropuerto Internacional de San Fernando para reconstruir los movimientos del funcionario y su familia. También se analiza si se cumplieron los controles migratorios y aduaneros correspondientes.

En paralelo, el fiscal pidió la citación a prestar declaración testimonial de uno de los involucrados en la operatoria del vuelo, mientras se profundiza la investigación sobre el origen de los fondos utilizados para cubrir los gastos.

Otro punto crítico es la aparición de una vivienda en un country de Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de su esposa, Bettina Angeletti. La propiedad no figura en la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, lo que motivó una ampliación de la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito.

Según la presentación judicial, se trata de una casa de dos plantas ubicada en el barrio privado Indio Cuá Golf Club, cuyo valor de mercado podría oscilar entre los 129.000 y 249.000 dólares. Además, se indicó que las expensas del inmueble rondarían los 700.000 pesos mensuales.

Las dudas sobre el patrimonio del funcionario se profundizan al analizar su situación financiera. De acuerdo con datos oficiales, sus ingresos como jefe de Gabinete no se condicen con gastos como alquileres en dólares, viajes internacionales y consumos con tarjeta que alcanzan cifras millonarias. También se registran deudas significativas tanto a su nombre como al de su esposa.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por los diputados Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro y Pablo Juliano, quienes buscan determinar si existieron delitos como dádivas o enriquecimiento ilícito.

Mientras tanto, dentro del Gobierno que encabeza Javier Milei crece la preocupación por las filtraciones y el impacto político del caso. Aunque públicamente se mantiene el respaldo al funcionario, en privado aumentan las tensiones y las dudas sobre su continuidad.

En la Casa Rosada, además, se instaló un clima de desconfianza por el origen de las filtraciones que alimentaron la causa. “Está claro que es nuestro, de las puertas adentro del Gobierno. Tenemos un problema interno”, reconoció el propio Adorni, en medio de un escenario cada vez más adverso.