El Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 dictó el sobreseimiento parcial del empresario Lázaro Báez en una causa por evasión impositiva vinculada a su firma Austral Construcciones, tras aplicar la denominada Ley de Inocencia Fiscal, que elevó los montos mínimos para considerar delito la falta de pago de impuestos.

La resolución implica que el proceso judicial continuará únicamente por el ejercicio fiscal 2012, ya que el resto de los períodos investigados quedaron por debajo de los nuevos umbrales establecidos por la normativa.

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El expediente analizaba presuntas irregularidades en el pago del Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Ganancias y otros tributos correspondientes a los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Sin embargo, con la actualización de los montos, gran parte de las sumas investigadas dejaron de encuadrar como delito penal.

La defensa del empresario solicitó el cierre de la causa al considerar que la ley debía aplicarse de manera retroactiva por resultar más favorable para los imputados, un criterio que fue aceptado por el tribunal. En contraste, el fiscal general Diego Velasco se opuso al planteo al sostener que la norma solo actualiza valores por inflación y no modifica el criterio penal.

Los jueces Jorge Zabala, Fernando Machado Pelloni y Karina Perilli rechazaron la postura del fiscal y determinaron que los montos correspondientes a los años 2010, 2011, 2013 y 2014 no superan el nuevo mínimo exigido para configurar evasión.

En consecuencia, la causa seguirá su curso exclusivamente por el período 2012, cuando Austral Construcciones registró cifras superiores a los 100 millones de pesos tanto en IVA como en Ganancias.

El fallo también alcanzó a los hijos del empresario: Martín y Luciana Báez fueron beneficiados con un sobreseimiento parcial, mientras que Leandro Báez recibió un sobreseimiento total. Otros imputados vinculados a la empresa también obtuvieron resoluciones favorables.

La Ley de Inocencia Fiscal fue impulsada con el objetivo de actualizar los montos de evasión y concentrar la persecución penal en casos de mayor impacto económico. Según el criterio aplicado por el tribunal, su entrada en vigencia obliga a revisar causas en trámite cuando los valores investigados quedan por debajo de los nuevos límites legales.