El juez Carlos Bruniard, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, citó a indagatoria para el próximo 18 de marzo a las 10 al empresario Marcelo Porcel, imputado por presuntos abusos contra compañeros de sus hijos del Colegio Palermo Chico.

La convocatoria se produjo tras el pedido del fiscal Pablo Turano, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1. Según fuentes del caso, la audiencia será exclusivamente virtual y no incluirá medidas restrictivas: no habrá detención, ni retención de pasaporte ni prohibición de salida del país, condiciones que habían sido solicitadas por el fiscal en su requerimiento.

Esa decisión generó cierto descontento en parte de la querella, que había impulsado la indagatoria y esperaba mayores restricciones para el imputado.

Porcel, de 51 años, asistido por el abogado Roberto Rallin, está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante por la multiplicidad de víctimas, corrupción de menores agravada y producción de representaciones de menores de 18 años de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.

La causa acumula diez presuntas víctimas —nueve familias se constituyeron como querellantes, ya que dos de los chicos son hermanos—, además de otro joven que denunció los hechos pero no formalizó su participación en el expediente. Todos son representados por el abogado Pablo Hawlena Gianotti.

El expediente se centra en hechos que habrían ocurrido entre 2022 y 2024. Según la imputación, el empresario captaba la confianza de los amigos de sus hijos y los invitaba a su domicilio de la calle Godoy Cruz y a su oficina en la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Retiro, donde organizaba reuniones y fiestas. Allí, de acuerdo con la acusación fiscal, les proveía alcohol, promovía apuestas online y desafíos con recompensas económicas, y los instaba a desnudarse parcialmente o les realizaba masajes con cremas, en algunos casos con tocamientos en zonas íntimas.

Para el fiscal, las conductas se habrían desarrollado “de manera sistemática, organizada y premeditada”, aprovechando que los menores se encontraban bajo su guarda provisoria y en contextos en los que el imputado tenía control de la situación. La investigación también señala que el acusado habría ganado la confianza de los padres.

En enero, a pedido del fiscal, el juez levantó la feria judicial para recibir declaración a los últimos denunciantes incorporados por la querella. Tras la realización de peritajes psicológicos, los informes oficiales fueron presentados a fines de febrero, lo que dio impulso al expediente.

Desde el inicio de la causa, el magistrado impuso una restricción de acercamiento de 300 metros respecto de las presuntas víctimas, el Colegio Palermo Chico y el club GEBA, donde los adolescentes practican deporte.

Además, se ordenaron allanamientos en los domicilios y la oficina del empresario, con secuestro de computadoras y teléfonos celulares. En dos dispositivos se hallaron tres imágenes relevantes para la investigación: una de un menor duchándose y otra de un adolescente en ropa interior frente a una cama. Dos de esas fotografías fueron reconocidas por uno de los denunciantes y sus padres, según consta en la causa.

La indagatoria prevista para el 18 de marzo será un paso clave para definir la situación procesal del empresario en una investigación que continúa en etapa de instrucción.