El Senado convirtió en ley la reforma del Régimen Penal Juvenil y aprobó la baja de la edad de punibilidad de 16 a 14 años para menores que cometan delitos. La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, fue sancionada con 44 votos positivos, 27 en contra y una abstención, en una sesión atravesada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición.

El proyecto era una de las iniciativas que el presidente Javier Milei buscaba exhibir como logro político en la antesala de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Tras la votación, la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, afirmó: “Esta ley está del lado del ciudadano y deja la teoría de que la víctima es el delincuente”.

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La reforma establece un nuevo régimen penal juvenil que, además de fijar en 14 años la edad de imputabilidad y de encierro, incorpora un abanico de medidas alternativas. Los jueces podrán aplicar sanciones que van desde la amonestación hasta el monitoreo electrónico, la prohibición de salir del país o la prestación de servicios comunitarios en casos de delitos con penas de hasta tres años de prisión, o de hasta diez años cuando no impliquen muerte o lesiones graves.

En la apertura del debate, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el salteño Gonzalo Guzmán Coraita, defendió la iniciativa al sostener: “Este es un régimen moderno, especializado, donde están garantizados el debido proceso y demás garantías”.

Desde Unión por la Patria, en cambio, calificaron el proyecto como “una pantalla de distracción” y remarcaron que la Argentina registra el menor índice de delitos cometidos por adolescentes en América Latina. También señalaron que “la baja de la edad de punibilidad no soluciona nada” y advirtieron sobre la sobrepoblación carcelaria y el presupuesto previsto para implementar el nuevo sistema, cuya ejecución quedará a cargo de las provincias.

El senador chaqueño Jorge Capitanich sostuvo que “Su aplicación y ejecución corresponde a las provincias, y si no se garantizan los recursos puede quedar en letra muerta”. Además, enfatizó que “el problema es de alta sensibilidad porque existen víctimas y niños”, pero que existe “un problema mayor que tiene que ver con la capacidad de financiamiento y las capacidades estatales sensibles y eficientes para resolver esto”.

Capitanich detalló que la sobrepoblación carcelaria ronda el 30 por ciento y cuestionó por “insuficiente” el presupuesto de 23.800 millones de pesos previsto por el Ejecutivo para financiar el nuevo sistema, que contempla la construcción de prisiones especiales para menores. “No puede tardar nueve años un proceso de construcción de capacidades instaladas eficientes”, afirmó, y concluyó: “El exceso de punitivismo no resuelve el problema, solo lo traslada. Hay que atacar las causas para garantizar un ordenamiento jurídico”.

La senadora radical Gabriela Valenzuela respaldó la iniciativa y planteó: “No estamos discutiendo solamente edades o penas, estamos discutiendo qué Estado queremos frente a delitos cometidos por adolescentes. Si uno anclado en normas de la dictadura o uno sostenido en leyes de la democracia, que aporta garantías”.

Alicia Kirchner también expresó reparos sobre la implementación y preguntó: “En la Argentina tenemos 56 lugares de encierro para atender a los niños y niñas que han delinquido. Seis provincias no tienen absolutamente nada. ¿Quién las va a apoyar? ¿Las va a apoyar la Nación? ¿Les va a derivar los fondos, o todo va a caer de nuevo en las provincias?”. Además, subrayó: “No digo que la pobreza traiga el delito, pero la pobreza sí importa”, y pidió una mirada integral que incluya inversión en salud mental. “Hay artículos que no puedo dejar de compartir, pero me preocupa el cumplimiento concreto”, señaló, y agregó que “la edad (de punibilidad) no es el problema” y que no se debe legislar “sin saber cómo vamos a dar respuestas” porque “hay que tener una mirada más integrada”.

Desde el oficialismo, la neuquina Nadia Márquez defendió la baja de edad al afirmar: “Me muero si alguien dice que un chico de 14 o 15 años no entiende o no sabe que robar está mal”. En la misma línea, la tucumana Beatriz Ávila consideró que “es un tema complejo, sensible, pero profundamente necesario”, ya que “el Estado no puede estar indiferente frente a delitos cometidos por menores” que “ya han sido desprotegidos por el propio Estado”.

Ávila sostuvo que “Hay que proteger a la sociedad y rescatar a esos jóvenes antes que el delito se convierta en una identidad” y sean “utilizados por organizaciones delictivas”. También remarcó que “El espíritu de esta norma tiene que ver con responsabilidad y oportunidad”, y reflexionó que “cuando un menor comete un delito todos fracasamos, pero ese fracaso no puede convertirse en impunidad”. Añadió que “esto no debe terminar solo en esta ley” y que es necesario trabajar en “salud mental, educación e inserción laboral”.

Desde la oposición, la senadora Lucía Corpacci cuestionó con dureza la reforma al afirmar: “Quieren acusar a los niños de la inseguridad del país. Las estadísticas dicen que solo el 0,45 por ciento del universo de adolescentes tuvo conflicto con la ley y tenemos el menor índice de delitos en toda América Latina”. También calificó el proyecto como “una pantalla de distracción” y advirtió: “ustedes nos quieren hacer creer que la mano dura es lo que mejora todo”.

Corpacci sostuvo que “La tasa de homicidios es de 3.8 por ciento cada 100 mil habitantes. Somos el país menos inseguro. Nosotros estamos para actuar con racionalidad y humanidad”, y se preguntó “¿a quién se le ocurre que encerrar a un niño de 14 años va a construir una sociedad más justa?”. En ese marco, afirmó que “la baja de edad no soluciona nada, van a sacar excelentes adultos del delito” y criticó que “el presupuesto que proponen no sirve para nada. Solo les importa golpear y castigar. Esta ley no soluciona nada, solo garantiza tener más jóvenes delinquiendo. Esto no es la solución, es la debacle. Este gobierno quiere encerrar chicos de 14 años y esta ley es invotable”.

El senador Martín Soria apuntó contra quienes utilizan “ese argumento berreta de pedir ‘pena de adulto para delito de adulto’”, y calificó la norma como “muy mala”. Si bien sostuvo que el Estado debe dar respuestas ante menores que cometen delitos, remarcó que “queremos un Estado que brinde una respuesta integral, y del otro lado únicamente la respuesta es penal: cárcel o bala”.

Por su parte, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, consideró que la iniciativa es “más un plan social que una ley penal”. Aseguró que “La mayoría de las consignas que tiene son las que realmente el Estado tenía que haberse hecho cargo hace tiempo en cuanto a los menores”, y añadió que “es sumamente necesaria porque es un pedido de la sociedad”.

En el cierre del debate, Bullrich sostuvo que el régimen vigente hasta ahora era una de las “grandes injusticias del sistema penal argentino”, ya que convertía a cada juez “en dueño de la vida de cada menor que cometía delitos, un sistema tutelar sin claridad, donde la ley no era igual para todos”. Finalmente, afirmó: “Ponemos una edad de imputabilidad porque es necesario dar certeza. Esta ley está del lado del ciudadano y deja la teoría de que la víctima es el delincuente”, y concluyó: “Venimos a recuperar el sentido de la justicia que es fundamental. Venimos a terminar con la doctrina de que el delincuente es víctima del sistema”.