El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó una denuncia judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por la decisión de frenar la actualización de la metodología de medición del Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

La presentación fue impulsada por el jefe de la bancada, Germán Martínez, junto a las diputadas Paula Penacca y Julia Strada. En el escrito se acusa al funcionario de violación de los deberes de funcionario público, violación de secretos y deberes de confidencialidad, falsificación de documentos públicos y presunta infracción a la ley 17.622, que regula el sistema estadístico nacional.

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Según plantearon los legisladores, la decisión de no aplicar la nueva metodología prevista para enero habría tenido como objetivo evitar que se publique un índice de inflación más elevado. En ese marco, señalaron que la utilización de un cálculo que el propio ministro habría reconocido como desactualizado podría derivar en la difusión de datos estadísticos que no reflejen adecuadamente la evolución de los precios.

A través de la red social X, la diputada Strada sostuvo que la medida constituye un abuso de autoridad y advirtió sobre las consecuencias sociales, económicas y políticas que podría generar, especialmente en relación con la fórmula de movilidad jubilatoria y las negociaciones paritarias en el sector público y privado.

En la denuncia también se mencionan declaraciones públicas en las que se afirmó que el nuevo índice podría haber arrojado una variación de entre 3,1 y 3,5 por ciento para enero, versión que luego fue desmentida por el propio ministro, quien sostuvo que el cálculo incluso habría sido una décima inferior al vigente.

Los diputados señalaron que, de confirmarse la publicación de un índice bajo una metodología considerada desactualizada, podría configurarse la falsificación de un dato estadístico oficial. Asimismo, indicaron que el reconocimiento de inconsistencias en mediciones previas agrava la situación denunciada.

La causa quedó radicada en la Justicia federal y se espera que en los próximos días se definan las primeras medidas procesales.