El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento de Diego Spagnuolo, abogado y amigo personal del presidente Javier Milei, y de otras 18 personas por el sistema de corrupción que operó en la Agencia Nacional de Discapacidad. Lejos de dar por cerrada la investigación, el magistrado avanzó con nuevas citaciones a indagatoria para profundizar la pista financiera y el presunto lavado del dinero obtenido de manera ilegal.

La resolución, de más de 300 páginas, sostiene que el esquema delictivo detectado no se agotó en los hechos ya probados y que existen indicios de que la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios pudo haberse extendido a otras áreas del Estado. En ese marco, Casanello advirtió que la investigación debe ampliarse para esclarecer posibles nuevas complicidades y ramificaciones del entramado.

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Entre los nuevos citados figura Sergio Mastropietro, empresario y exsocio de Federico “Fred” Machado, el argentino extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos, vinculado en el pasado al diputado libertario José Luis Espert. Mastropietro aparece señalado como una pieza clave en el circuito de canalización y blanqueo del dinero proveniente de las maniobras ilegales en la ANDIS.

El juez también procesó a Miguel Ángel Calvete y a su hija Ornella Calvete, quien se desempeñaba en el Ministerio de Economía hasta quedar involucrada en el escándalo. Durante un allanamiento realizado en octubre pasado, en uno de sus domicilios se hallaron casi 700 mil dólares, cerca de 20 millones de pesos y euros en efectivo, montos que la Justicia vincula directamente con las operatorias investigadas.

Según la causa, Miguel Ángel Calvete fue uno de los jefes de la asociación ilícita que operó dentro de la ANDIS desde fines de 2023. Sin ocupar un cargo formal, habría dirigido contrataciones, pagado sobornos y mantenido un vínculo directo con Spagnuolo, a quien visitaba en su domicilio y le proveía dinero en efectivo y en especie. Chats incorporados al expediente mencionan un presunto retorno del “3% para KM”, sigla que los investigadores asocian a Karina Milei.

La investigación judicial se apoyó en audios filtrados y en un voluminoso entrecruzamiento de llamadas, mensajes, transferencias y facturación entre funcionarios y empresarios. De acuerdo al expediente, se montó un sistema de contrataciones irregulares que permitió direccionar compras, simular competencia entre oferentes y aplicar sobreprecios que en algunos casos superaron el 1900 por ciento.

El magistrado detalló que, mediante compulsas “especiales”, un grupo reducido de droguerías concentró adjudicaciones por más de 30 mil millones de pesos, quedándose con más del 93 por ciento de los procesos investigados. A cambio, se habrían pagado coimas a funcionarios para garantizar adjudicaciones, agilidad administrativa y prioridad en los pagos.

En paralelo, Casanello avanzó sobre el presunto circuito de lavado. Según la fiscalía, parte del dinero ilegal fue transferido a empresas ajenas al rubro sanitario, como Baires Fly S.A., propiedad de Mastropietro, bajo conceptos genéricos que habrían servido para disimular el origen de los fondos. También se investiga el uso de criptomonedas como mecanismo adicional de blanqueo.

El juez sostuvo que la Agencia Nacional de Discapacidad fue “cooptada y empleada como vía de enriquecimiento ilícito”, en desmedro de su función esencial de garantizar derechos básicos a personas con discapacidad y otros sectores vulnerables. En ese sentido, remarcó que la corrupción no solo implicó un grave perjuicio económico al Estado, sino también un daño directo a una de las poblaciones más sensibles.

En su resolución, Casanello identificó como jefes de la asociación ilícita a Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, a quienes procesó por los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación por administración fraudulenta y, en algunos casos, cohecho.

Además, fueron procesados por su participación en el esquema de corrupción los funcionarios y particulares Diego D’Giano, Roger Grant, Eduardo González, Lorena Di Giorno, Luciana Ferrari, Andrés Arnaudo, Silvana Escudero, Alejandro Fuentes Acosta, Patricio Rama, Marcelo Santich, Patricia Canavesio, Guadalupe Ariana Muñoz, Ornella Calvete, Ruth Lozano y Julio César Viera.

Todos ellos están acusados de haber integrado, desde distintos roles, una estructura organizada que manipuló contrataciones públicas, direccionó licitaciones, aplicó sobreprecios millonarios y facilitó el pago de sobornos en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad.