El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad mediante el Decreto 84/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, luego de una sentencia judicial que obligó a su implementación inmediata y estableció como fecha límite el 4 de febrero para completar el proceso.

La norma, firmada por el presidente Javier Milei, responde a un fallo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, dictado en diciembre de 2025, que declaró inválida la suspensión de la ley y ordenó avanzar con su plena vigencia. El conflicto se había iniciado cuando el Poder Ejecutivo intentó frenar su aplicación, pese a que el Congreso había insistido con la promulgación tras rechazar un veto fundamentado en la falta de financiamiento.

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La causa se originó a partir de un amparo colectivo que derivó en una orden judicial para aplicar de inmediato la Ley N.° 27.793. Aunque el Ministerio de Salud y otros organismos presentaron recursos contra la decisión, el juez fijó un plazo máximo de 30 días para dictar la reglamentación, que finalmente se publicó sobre el cierre del período establecido.

El decreto define el nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, que pasan a denominarse Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Establece criterios de acceso, evaluaciones socioeconómicas, incompatibilidades con otras prestaciones y mecanismos de control. La implementación quedará bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud.

La normativa también dispone la convocatoria al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar parámetros de evaluación y exige la presentación de un plan de auditorías en un plazo de 30 días. Además, prevé la articulación con organismos oficiales, provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y organizaciones de la sociedad civil, en un marco que reconoce las restricciones presupuestarias vigentes.

El decreto centraliza la política de discapacidad en el Ministerio de Salud y establece controles periódicos para evitar superposiciones con otros beneficios previsionales, al tiempo que promueve la inclusión laboral de las personas con discapacidad. En el texto, el Ejecutivo aclaró que la reglamentación no implica aceptar los fundamentos del fallo judicial, aunque la ley entró en vigencia con su publicación.

Tras la reglamentación, el Gobierno designó a Alejandro Alberto Vilches como secretario Nacional de Discapacidad y consolidó la nueva estructura del área, luego de la salida de Diego Spagnuolo en medio de cuestionamientos por presuntos sobreprecios.