La decisión del Gobierno nacional de demorar la aplicación del nuevo Índice de Precios al Consumidor profundizó las críticas sobre el manejo de las estadísticas públicas y abrió un debate con impacto directo en los ingresos de millones de personas. Al sostener una metodología basada en una canasta de consumo desactualizada, la inflación oficial continúa registrando valores inferiores a los que surgirían con ponderaciones más recientes.

El índice vigente se construye a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004/05, pese a que existe una versión más actual correspondiente a 2017/18. Especialistas señalan que el retraso en su implementación no es técnico sino político, ya que la nueva canasta otorga mayor peso a los servicios, rubros que aumentaron con fuerza tras la quita de subsidios y la recomposición de precios regulados.

La subestimación de la inflación impacta de forma inmediata sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo, cuyos montos se actualizan en función del IPC. Con un índice menor al real, los haberes pierden poder adquisitivo mes a mes. El mismo efecto se traslada a los salarios, en un contexto donde las paritarias toman como referencia el dato oficial para negociar aumentos.

Desde el punto de vista macroeconómico, la decisión también tendrá consecuencias futuras. Cuando se actualicen las series estadísticas, el Producto Bruto Interno deberá recalcularse utilizando una inflación más alta, lo que derivará en un nivel de actividad menor al actualmente informado. Crecimientos moderados podrían transformarse en estancamientos o caídas, y las recesiones resultarían más profundas.

En el plano social, el efecto será inverso. Al recalcular los ingresos reales con un índice no subestimado y actualizar las canastas básicas, los niveles de pobreza aparecerán más elevados que los que hoy se difunden. Esto implicará reconocer que la situación social fue más grave de lo que reflejaron las cifras oficiales durante este período.

La continuidad de un IPC cuestionado también abre la puerta a conflictos financieros, en particular para los bonos ajustados por inflación y los créditos indexados, cuyos valores dependen directamente de la evolución del índice. Para analistas y ex funcionarios del organismo estadístico, la demora en aplicar la nueva metodología no hace más que postergar una corrección inevitable, con costos crecientes para la credibilidad del sistema y para los ingresos de la población.