La decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de frenar la publicación del IPC con metodología actualizada volvió a encender la polémica sobre la medición oficial de la inflación. La salida del entonces titular del INDEC, Marco Lavagna, a pocos días de la fecha prevista para difundir el nuevo índice, dejó al descubierto tensiones internas en torno a la actualización de los ponderadores y sus efectos sobre los datos económicos.

Según un informe de la consultora PxQ, dirigida por Emmanuel Álvarez Agis, la inflación de enero de 2026 habría sido del 3% mensual si se hubiera aplicado la metodología basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18, por encima del 2,5% que esperaba el Gobierno. La diferencia surge principalmente del mayor peso que adquieren los servicios y las tarifas en la nueva estructura del índice.

Lavagna dejó el cargo ocho días antes de la publicación prevista del IPC actualizado y fue reemplazado por Pedro Lines, hasta entonces director técnico del organismo. El cambio se produjo pese a que la actualización metodológica había sido anunciada oficialmente en octubre de 2025 y estaba prevista para enero de este año. Caputo justificó la postergación al señalar que el Gobierno prefiere aplicar el nuevo esquema una vez que el proceso de desinflación esté “consolidado”.

PxQ reconstruyó el IPC de enero utilizando los ponderadores de la ENGHo 2017/18 y estimó que los aumentos tarifarios provinciales habrían aportado 0,8 puntos porcentuales al índice, frente a los 0,5 puntos que explican bajo la metodología vigente. Esta diferencia se explica, en parte, por el mayor peso relativo de los servicios públicos en la canasta actualizada y por la forma en que se incorporan los aumentos tarifarios provinciales y nacionales.

El informe también analiza las diferencias estructurales entre las dos encuestas de gastos. Mientras que la ENGHo 2004/05 asigna mayor peso a los bienes, especialmente alimentos, la de 2017/18 refleja un aumento significativo en la participación de servicios como vivienda, transporte y comunicación. En términos de ponderadores, caen alimentos y bebidas no alcohólicas, indumentaria y restaurantes, y crecen vivienda y servicios públicos.

Estas diferencias se vuelven particularmente relevantes en 2024, año atravesado por fuertes ajustes de precios relativos. Según PxQ, con la nueva metodología la inflación anual de ese año habría sido del 132,2%, frente al 117,8% informado oficialmente, una brecha de más de 16 puntos porcentuales. En cambio, para 2025 los resultados entre ambos métodos son prácticamente similares.

Las divergencias también impactan en la medición del salario real. Tomando noviembre de 2023 como punto de partida, la inflación acumulada asciende a 259,4% con el IPC actual y a 275,6% con el índice recalculado. Al deflactar los salarios privados registrados, la caída del poder adquisitivo es del 1,2% con la metodología vigente, pero se amplía al 5,5% con la nueva, lo que evidencia un deterioro mayor de los ingresos desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

El informe de PxQ no cuestiona la necesidad de actualizar el IPC, sino que advierte que la postergación del cambio metodológico altera la lectura de la inflación y del salario real, en un contexto donde los datos oficiales se convierten en una variable clave del debate económico y político.