El gobierno de la provincia de Buenos Aires resolvió restablecer la obligatoriedad de los serenos de buque en todos los puertos y terminales portuarias del distrito, en una decisión que marca un claro contraste con la política de desregulación impulsada por la administración nacional.

La medida quedó formalizada a través de un dictamen jurídico elaborado por el área legal provincial, que fue respaldado y difundido por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa. El pronunciamiento sostiene que la presencia de serenos de buque es indispensable para garantizar condiciones adecuadas de seguridad, salud laboral, protección ambiental y resguardo operativo en el ámbito portuario.

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El dictamen se conoce luego de que, hace aproximadamente un año, el gobierno de Javier Milei avanzara con la desregulación del sector mediante el Decreto 37/2025. Si bien esa norma no eliminó de manera explícita la figura del sereno de buque, habilitó la contratación opcional del servicio en todo el país, lo que en la práctica derivó en que numerosas agencias marítimas dejaran de emplearlos.

Desde la administración bonaerense advirtieron que esa situación generó un escenario de desprotección que afecta tanto a los trabajadores como al funcionamiento general de las actividades portuarias. En ese sentido, el texto jurídico remarca que la ausencia de serenos compromete la seguridad de los buques amarrados, el control de riesgos ambientales y las condiciones laborales en los puertos.

La resolución provincial declara además la no aplicabilidad del decreto nacional dentro del territorio bonaerense y fundamenta esta decisión en la autonomía de la provincia, basada en su preexistencia al Estado Nacional. Según el dictamen, Buenos Aires cuenta con potestad para regular las actividades vinculadas al trabajo y la seguridad en su jurisdicción.

La normativa establece la obligatoriedad de contar con serenos de buque en todas las embarcaciones comerciales y/o industriales, tanto nacionales como extranjeras, de más de 2.000 toneladas que se encuentren amarradas en puertos fluviales o marítimos, ya sean de uso público o privado.

La decisión nacional había generado fuertes reclamos gremiales por parte del sindicato que representa a los serenos de buque, que en su momento alertó sobre los riesgos derivados de la eliminación práctica del servicio. Con esta medida, la provincia vuelve a reconocer el rol estratégico de estos trabajadores dentro del sistema portuario y marítimo.

Walter Correa ratificó la postura del gobierno provincial al hacer propio el dictamen del Departamento Jurídico, consolidando una definición política que reaviva el debate sobre los límites de la desregulación laboral y la tensión entre las competencias nacionales y provinciales en materia de trabajo y seguridad portuaria.