El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, participó del encuentro DEV Talk / Miércoles del Grand Continent: Repensar el contrato social en América Latina y el Caribe: entre instituciones y sociedad civil, donde compartió la experiencia argentina en materia social y política en contexto de emergencia, y señaló que “la Argentina pudo dar respuesta a la crisis y contener la situación social en el marco de la pandemia, gracias a las acciones llevadas a cabo por el Gobierno y sobre todo por una gran red social que tiene nuestro país”.

El encuentro contó con la participación en el panel de la senadora y ex vicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky; la directora programática para América Latina y el Caribe de la ONG Oxfam Intermon, Andrea Costafreda; y la candidata a constituyente chilena y militante de la Coordinadora Feminista 8M de ese país, Karina Nohales. El moderador fue Mario Pezzini, director del Centro de Desarrollo de la OCDE, que organizó el diálogo junto a la revista francesa Le Gran Continent.

Arroyo explicó los ejes en los que trabaja el Estado, en articulación con los organizaciones sociales y otros actores de la sociedad civil, para contener la situación social y propiciar transformaciones estructurales que mejoren la calidad democrática: “Se han generado mesas de gestión asociada con organizaciones sociales, sindicatos, empresas y el Estado, enfocadas en un primer momento en lo alimentario, y que hoy tienen el desafío de pasar de ahí a la reconstrucción y al trabajo, con tres ejes fundamentales pensando en un nuevo contrato social: establecer un piso de ciudadanía, reconstruir la movilidad social a través del trabajo, y eliminar las desigualdades que existen en diferentes niveles”.

Consultado por los mecanismos utilizados desde el Estado argentino para dar respuesta a las demandas sociales en el marco de la crisis desatada por la pandemia del Covid-19, el ministro explicó el desarrollo del plan Potenciar Trabajo, “que tiene el objetivo de impulsar el trabajo desde abajo hacia arriba, a través de la economía popular, la urbanización de barrios populares y la agricultura familiar. De esa manera, en el medio de muchas dificultades, tratamos de resolver las desigualdades que tiene la Argentina”.

Por último, Arroyo destacó la incorporación de las organizaciones sociales para que “los reclamos de la calle se traduzcan en políticas públicas, obligándonos a ser más creativos en la conformación de estos mecanismos, y permitiéndonos mirar con otros ojos las dificultades que tenemos en la Argentina y pensar juntos nuevos paradigmas para generar cambios estructurales”.

Lucia Topolansky hizo referencia a la importancia los bienes públicos de cada país en lo que respecta a la conservación de la calidad democrática: “Los bienes públicos no pueden ser un bien del mercado. La salud, por ejemplo, no tiene que ser objeto de lucro, más bien de servicio. Cuando eso se saca, se produce el estallido social. Y eso ha sucedido con la pandemia, y en ese sentido, admiro el esfuerzo de los argentinos para reconstruir la salud pública que había sido casi eliminada. Por eso, creo que los gobiernos y la sociedad civil deben ser guardianes de esos bienes”.

Con respecto al rol de las organizaciones y los movimientos sociales en la demanda de políticas públicas en América Latina, Andrea Costafreda consideró que “hay expresiones con capacidad de retar la agenda en el cono sur y en otras partes de la región, que además tienen un efecto acumulativo como signos de protesta, que a veces parece segmentado, pero que se van acumulando, y al final generan una capacidad de respuesta mucho más sistémica. Y este cambio tiene que ver con dos elementos: balancear el poder político, y preservar el espacio democrático”.

Desde el feminismo chileno, Karina Nohales relató el crecimiento del movimiento en su país durante los últimos años, y el proceso constituyente que afrontará Chile, donde por primera vez la convención que redactará la carta magna estará compuesta en partes iguales por mujeres y hombres: “Somos una nueva generación que aporta un deseo instituyente de construir nuevas formas de organizar la vida, que cuestionen la delimitación entre lo que vamos a entender socialmente como público y privado. El ejercicio del poder político aparece en el Estado, en las empresas, en las casas, en las comunidades y en los espacios colectivos. Creemos que es necesario institucionalizar cuestiones que nos parecen importantes. Es una oportunidad histórica de hacerlo para nuestro país y para Latinoamérica”.

Esta jornada de debate e intercambio de experiencias entre representantes de distintas instituciones y organizaciones de los diferentes países de América Latina y el Caribe, tuvo como premisa analizar el caso latinoamericano como un escenario de vanguardia en términos de las reconfiguraciones necesarias para la consolidación de los sistemas políticos democráticos en la región.