Mientras buena parte del mundo debate los conflictos tecnológicos y las guerras del siglo XXI, Estados Unidos vuelve a poner en primer plano una lógica propia del siglo XIX. Bajo el liderazgo de Donald Trump, Washington retoma una agenda de expansión territorial basada en la ocupación, el control de recursos estratégicos y la redefinición de áreas de influencia, esta vez con Groenlandia como objetivo central.

El interés estadounidense por la isla no es nuevo. Se remonta al siglo XIX, cuando, tras la compra de Alaska, Washington evaluó adquirir Groenlandia para expandir su influencia en el Ártico y dominar rutas comerciales del Atlántico Norte. A lo largo de las décadas, distintos gobiernos estadounidenses ensayaron propuestas diplomáticas para hacerse con el territorio, todas rechazadas por Dinamarca, aunque lograron consolidar una presencia estratégica clave.

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Durante la Segunda Guerra Mundial, la ocupación alemana de Dinamarca llevó a Estados Unidos a instalar bases militares en Groenlandia con el aval del gobierno danés en el exilio. Desde entonces, la isla se convirtió en un punto neurálgico para la defensa del Atlántico Norte, primero frente al nazismo y luego, durante la Guerra Fría, como parte del sistema de contención contra la Unión Soviética.

En ese período, Washington llegó a operar decenas de bases y estaciones de radar, además de proyectos secretos como la instalación de infraestructura militar subterránea bajo el hielo. Aunque hoy la presencia se redujo a una única base activa, su ubicación sigue siendo estratégica para el sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos, al encontrarse en la trayectoria más corta entre Rusia y América del Norte.

El interés volvió a intensificarse durante el primer mandato de Trump, impulsado por el deshielo del Ártico, la apertura de nuevas rutas comerciales, el aumento de la actividad rusa y china en la región y la detección de minerales raros fundamentales para la industria tecnológica y militar. En 2019, el entonces presidente propuso abiertamente comprar Groenlandia, calificando la operación como un negocio inmobiliario, lo que generó un rechazo inmediato de Dinamarca y de las autoridades groenlandesas.

La tensión escaló nuevamente a comienzos de 2026, cuando Trump afirmó que Estados Unidos necesita Groenlandia por razones de seguridad nacional y sugirió que podría avanzar sobre el territorio incluso sin el consentimiento danés. Las declaraciones fueron interpretadas en Europa como una amenaza directa contra un país miembro de la OTAN y encendieron las alarmas sobre la estabilidad de la Alianza Atlántica.

La posibilidad de que un Estado miembro ataque o intente anexar territorio de otro expone un vacío institucional dentro de la OTAN, que no contempla mecanismos de defensa colectiva frente a conflictos internos. En un escenario así, la respuesta se limitaría a la presión política y diplomática, sin herramientas claras para una acción militar conjunta, lo que pondría en cuestión la credibilidad del bloque.

A esto se suma un obstáculo jurídico clave. Groenlandia es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca, por lo que no puede ser vendido. Cualquier cambio de estatus requeriría un proceso de independencia aprobado por referéndum y por los parlamentos groenlandés y danés, antes de considerar una eventual asociación con Estados Unidos.

El caso de Groenlandia sintetiza la doctrina de seguridad nacional del trumpismo, basada en la confrontación abierta, incluso con aliados históricos, y en la redefinición unilateral del orden internacional. Más que una novedad, el conflicto revela hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos para sostener su primacía global en un contexto de competencia estratégica creciente.