El gobierno de Javier Milei abrió el año político con una decisión que generó un rechazo inmediato y transversal. A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, modificó la ley de Inteligencia y otorgó nuevas y amplias facultades a la Secretaría de Inteligencia del Estado, en una medida que la oposición considera un retroceso institucional y una amenaza directa al sistema democrático.

El DNU, publicado en el Boletín Oficial, desregula los controles sobre las actividades de inteligencia y debilita los mecanismos de fiscalización parlamentaria previstos en la ley 25.520. Legisladores de distintos bloques advirtieron que el decreto habilita prácticas de espionaje interno, persecución política y vigilancia sobre dirigentes, activistas, periodistas y funcionarios públicos, sin los resguardos legales adecuados.

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Uno de los puntos más cuestionados del texto es la redefinición de las tareas de contrainteligencia, que pasan a incluir un abanico amplio y ambiguo de acciones destinadas a prevenir supuestas amenazas al orden constitucional y al proceso decisorio del Estado. Estas medidas deberán aplicarse en todo el Sector Público Nacional, bajo la responsabilidad directa de los titulares de cada organismo, lo que implica que cualquier funcionario podría verse obligado a participar o colaborar en tareas de inteligencia.

La norma también reorganiza competencias internas del sistema, separa las áreas de ciberinteligencia y ciberseguridad y traslada esta última a la órbita de la Jefatura de Gabinete, concentrando aún más poder político sobre áreas sensibles. Además, elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, una decisión que fue interpretada como un debilitamiento de los equilibrios institucionales y de los controles cruzados dentro del Estado.

Desde la Casa Rosada intentaron justificar el decreto al señalar que busca ordenar funciones, evitar superposiciones y enfocarse en amenazas externas. Sin embargo, para la oposición, el discurso oficial no logra disimular el fondo del problema: un avance del Poder Ejecutivo sobre atribuciones que deberían debatirse en el Congreso y una ampliación peligrosa del aparato de inteligencia sin control democrático efectivo.

La reacción política fue inmediata. Diputados de la Coalición Cívica, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, fuerzas provinciales y espacios socialistas reclamaron la urgente apertura del Congreso y la conformación de las comisiones bicamerales encargadas de controlar los organismos de inteligencia y los DNU. Advirtieron que, de no habilitarse ese camino, impulsarán el tratamiento directo en el recinto para rechazar el decreto.

Ex ministros de Defensa también se sumaron a las críticas y señalaron que la medida consolida una lógica de Estado represivo, opaco y alejado de los principios republicanos. Alertaron, además, sobre el riesgo de subordinar áreas estratégicas y militares a una concepción de seguridad interna incompatible con la democracia.

Con la publicación del DNU, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tiene un plazo de diez días para tratarlo. Luego, cualquiera de las dos cámaras puede llevarlo al recinto. El antecedente de septiembre de 2024, cuando el Congreso rechazó un decreto que ampliaba de manera discrecional los fondos reservados de la SIDE, aparece como una referencia clave para la oposición.

Mientras el oficialismo defiende la medida como una reorganización administrativa, crece el consenso opositor en que se trata de un avance grave sobre las libertades públicas y el equilibrio de poderes. El debate promete convertirse en uno de los primeros grandes conflictos políticos del año y en una prueba central para los límites institucionales del gobierno de Milei.