La aprobación del Presupuesto 2026 en el Congreso desató un fuerte repudio de gremios docentes, universitarios y del sistema científico, que advirtieron que la norma impulsada por el gobierno de Javier Milei elimina los pisos legales de financiamiento para educación, ciencia y tecnología. Según denunciaron, el Artículo 30 habilita un ajuste discrecional que pone en riesgo el inicio del ciclo lectivo, el funcionamiento de las universidades y la continuidad de la investigación en todo el país.

Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, su secretaria general Sonia Alesso calificó la sanción de la ley como una “catástrofe política” y sostuvo que consolida un modelo de país “para pocos”. Afirmó que el Presupuesto implica un retroceso profundo en todos los niveles educativos y que se están destruyendo las bases históricas del sistema público, al tiempo que los recursos se redireccionan al pago de intereses de la deuda y a otras áreas del Estado.

La dirigente sindical alertó además que el impacto del ajuste recaerá con fuerza sobre las provincias, que enfrentarán dificultades para sostener salarios y servicios básicos, y anticipó un escenario de alta conflictividad social durante 2026. En ese marco, sostuvo que el recorte supera incluso experiencias anteriores y advirtió que no se trata solo de una decisión económica, sino también política e ideológica.

Desde el ámbito universitario, referentes de CONADU Histórica señalaron que el Presupuesto profundiza un desfinanciamiento sin precedentes. Remarcaron que gran parte de la producción científica del país se realiza en universidades nacionales que hoy carecen de fondos para investigación y extensión, y advirtieron que el deterioro salarial ya provoca renuncias docentes y deserción estudiantil. En ese contexto, alertaron que el comienzo del ciclo lectivo 2026 está seriamente comprometido.

Los gremios también cuestionaron que el Artículo 30 deroga normas que garantizaban mínimos de inversión, como la obligación de destinar un porcentaje del PBI a educación y el esquema de financiamiento progresivo del sistema científico. Según denunciaron, al quedar sujeto a decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo, el financiamiento pierde previsibilidad y pone en riesgo áreas estratégicas como el CONICET, el INTA y otros organismos de investigación.

Desde el sistema científico-tecnológico, representantes sindicales del INTA advirtieron que el recorte impacta directamente en el trabajo territorial con pequeños y medianos productores y en las economías regionales. Denunciaron que el ajuste se traduce en retiros voluntarios, centralización operativa y pérdida de capacidades técnicas, lo que debilita la presencia del Estado y afecta la producción y la soberanía alimentaria.

En este escenario, los sindicatos anticiparon un año de fuerte conflictividad en el sistema educativo y científico si no se revierte el esquema de financiamiento aprobado. Advirtieron que podrían profundizarse las medidas de protesta ante el riesgo de parálisis de actividades y un mayor deterioro salarial, y remarcaron que la discusión trasciende lo presupuestario y se inscribe en la defensa del rol del Estado en la educación, la ciencia y el desarrollo del país.