El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó un recurso de amparo ante la Justicia Federal, en conjunto con la Comisión Nacional de Usuarios Viales (CONADUP), para detener el proceso de privatización y llamado a licitación pública nacional e internacional dispuesto por el Gobierno nacional para Corredores Viales.

Gray señaló que la resolución cuestionada constituye “una violación de derechos y garantías constitucionales”, y sostuvo que su aplicación tendría efectos “permanentes e irreparables”, ya que permitiría el cobro indebido de tarifas y generaría un perjuicio económico directo para quienes utilizan diariamente los peajes para trabajar, estudiar o transitar libremente.

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Según el jefe comunal, el objetivo del amparo es evitar que las y los bonaerenses enfrenten un costo excesivo por un servicio público esencial cuyo funcionamiento debe mantenerse de forma regular y continua. Gray advirtió que una privatización sin un ente regulador independiente podría derivar en servicios deficientes, monopolios abusivos, falta de inversiones y una priorización del interés privado por encima del público.

El proceso de privatización fue habilitado por la resolución 1843/2025, basada en la Ley de Bases 27.742, que establece pautas para reorganizar la administración pública. No obstante, Gray sostuvo que la norma no autoriza avanzar en privatizaciones no previstas y cuestionó que esto implicaría mayores erogaciones para usuarios y consumidores del distrito.

El intendente remarcó que el municipio seguirá impulsando acciones para resguardar los derechos de las personas usuarias y evitar un impacto negativo en la economía de miles de vecinas y vecinos que dependen del corredor para sus actividades cotidianas.