El Gobierno decidió una vez más fijar el salario mínimo de manera unilateral tras el fracaso del Consejo del Salario, sin acuerdo con los gremios y bajo un esquema que continúa corriendo por detrás de la inflación. La suba de diciembre, de apenas 6.000 pesos, deja el ingreso básico en niveles inferiores a los registrados en 2001 y en el último puesto entre los países de la región. La medida impactará en millones de trabajadores, en prestaciones sociales y en algunos haberes jubilatorios que dependen de este valor, en un contexto de aceleración evidente de los precios. Desde la CGT calificaron el monto como “insuficiente y alejado de la realidad”.

Desde la llegada de Javier Milei al poder, en diciembre de 2023, el salario mínimo acumuló un aumento del 79 por ciento, mientras que los principales servicios y transportes multiplicaron sus valores. El boleto de colectivo subió 600 por ciento, el de trenes 520 por ciento, el subte 846 por ciento y las tarifas de luz y gas avanzaron 234 y 531 por ciento respectivamente, profundizando la pérdida de poder adquisitivo.

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La Resolución 9 de 2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, dispuso aumentos escalonados entre noviembre de este año y agosto de 2026. El esquema establece que el salario mínimo pasará de 322.200 pesos en octubre a 334.800 en diciembre y alcanzará 376.600 pesos en agosto del próximo año. Esto implica una suba total de apenas 16,8 por ciento en diez meses. La decisión se adoptó después de una sesión plenaria sin acuerdo, en la que los sindicatos habían propuesto una recomposición mucho mayor y los empresarios insistieron en incrementos mínimos.

El detalle de los valores confirma que la recomposición será muy leve. En noviembre, el salario mínimo pasa a 328.400 pesos; en diciembre, 334.800; en enero de 2026, 341.000; en febrero, 346.800; en marzo, 352.400; en abril, 357.800; en mayo, 363.000; en junio, 367.800; en julio, 372.400; y en agosto, 376.600. El valor por hora subirá desde 1.642 pesos en noviembre hasta 1.883 pesos en agosto. El incremento total —54.400 pesos entre octubre y agosto— queda muy por debajo de la inflación proyectada y confirma que Argentina se ubica en el piso regional. Medido en dólares, según datos de la CELAG, el salario mínimo argentino equivale a 225 dólares y ocupa el puesto 15 en América Latina, muy lejos de Costa Rica, que lidera con 729 dólares. Hace poco más de una década, Argentina estaba en el podio.

La caída del salario mínimo frente al costo de vida es sostenida. Entre noviembre de 2023 y octubre pasado, el retroceso real acumulado fue del 35 por ciento y en lo que va del año llega al 7,7 por ciento, de acuerdo con el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el CONICET. Este deterioro se traslada a todos los programas que utilizan este valor como referencia para definir montos, desde prestaciones de seguridad social hasta beneficios destinados a trabajadores desocupados.

La medida también actualiza la prestación por desempleo, que será equivalente al 75 por ciento de la mejor remuneración neta del trabajador en los seis meses previos al despido. La normativa dispone que ese monto no podrá ser inferior al 50 por ciento ni superior al 100 por ciento del salario mínimo vigente, afectando directamente a miles de beneficiarios cuyos ingresos no logran mantenerse a la par del costo de vida.

La CGT rechazó de inmediato el valor fijado por el Ejecutivo y afirmó que “consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna”. Señaló que el nuevo piso de 328.400 pesos se ubica muy lejos de la Canasta Básica Total, que asciende a 1.176.852 pesos. El Gobierno decidió nuevamente avanzar por decreto luego de que el Consejo del Salario fracasara, una dinámica que se repite desde el inicio de la gestión. El sector empresario había ofrecido un aumento casi simbólico, mientras que los sindicatos proponían un incremento del 71,6 por ciento para acercar el salario mínimo a la Canasta Básica Total.

Desde el ámbito político también hubo cuestionamientos. El ex titular de la AFIP, Carlos Castagneto, sostuvo que el Gobierno “impuso” el nuevo esquema hasta agosto de 2026, “anulando la negociación”. Según sus cálculos, el salario mínimo cayó al valor real más bajo en treinta años y perdió más del 60 por ciento de su poder adquisitivo entre 2023 y 2025. Asimismo, recordó que en 2011, a valores comparables, equivalía a 895.922 pesos, casi tres veces más que el actual.

Las evaluaciones técnicas también cuestionan la medida. El director del CEPA, Hernán Letcher, afirmó que el aumento “no recupera nada de lo perdido” y explicó que el Gobierno definió un incremento del 16,9 por ciento hasta agosto de 2026, con un ritmo mensual cercano al 1,157 por ciento, incluso levemente inferior a las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central. Letcher señaló que los gremios buscaban recuperar el nivel del salario mínimo promedio de 2023, mientras que los empresarios proponían un valor mucho más bajo. El resultado final, según el economista, muestra que el Gobierno acompañó la postura empresaria.

La decisión vuelve a exponer la tensión entre el Gobierno y las organizaciones sindicales, y confirma que los ingresos de los trabajadores continúan retrasados en un escenario de inflación ascendente. Con incrementos que no logran sostener el poder de compra, el recorte real se extiende también a beneficiarios de planes sociales, jubilaciones mínimas y trabajadores informales. El deterioro acumulado, visible en los datos de las canastas básicas y en los niveles de pobreza, promete profundizarse mientras la brecha entre precios e ingresos se sigue ampliando.