La investigación por el triple femicidio que conmocionó a Florencio Varela quedó envuelta en una fuerte controversia luego de que el expediente pasara al fuero federal, bajo la órbita del juez Jorge Rodríguez, de Morón. Mientras los familiares de Lara Gutiérrez se oponen a esta medida y aseguran que podría desviar el foco del caso, los allegados de Brenda del Castillo y Morena Verdi expresaron su respaldo al cambio de jurisdicción.

Desde la querella que representa a la familia de Lara se convocó a una marcha frente a la UFI de Homicidios de La Matanza para reclamar que la causa regrese a la Justicia provincial. En un comunicado difundido en redes sociales, los familiares señalaron que “si pasa al fuero federal, el homicidio queda en segundo plano” y denunciaron que la decisión “pone en riesgo la búsqueda de justicia para las tres víctimas”.

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La madre de la joven, Estella Maris Gutiérrez, junto con su abogada, Verónica Claudia Véliz, presentó un pedido formal para que el expediente no sea trasladado. Argumentaron que la declinatoria de competencia “resulta prematura” y que no hay pruebas firmes que confirmen la existencia de una organización narco detrás de los femicidios.

Por su parte, las familias de Brenda y Morena manifestaron en redes sociales su apoyo al pase de la causa, agradeciendo el trabajo de los fiscales y destacando que “la investigación fue ejemplar”. Consideran que el fuero federal permitirá avanzar sobre los máximos responsables de una estructura delictiva más amplia.

Los fiscales sostienen que el triple crimen no fue un hecho aislado, sino que forma parte de una red de narcotráfico con conexiones en Perú y la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, argumentan que solo la Justicia Federal tiene las herramientas necesarias para investigar y desbaratar esa organización.

El juez de Garantías, Fernando Pinos Guevara, confirmó las prisiones preventivas de los ocho imputados: Miguel Ángel Villanueva Silva, Ariel Giménez, Víctor Sotacuro Lázaro, Maximiliano Parra, Celeste González Guerrero, Milagros Ibáñez, Iara Ibarra y Matías Ozorio. Además, siguen prófugos Alex Ydone, “El Loco David” Huamani Morales y Manuel Valverde, mientras que “Pequeño J” permanece detenido en Perú, a la espera de su extradición.

El traslado del expediente al fuero federal divide a las familias y reabre el debate sobre los límites de competencia judicial en casos donde se cruzan la violencia de género y el crimen organizado. Mientras tanto, la familia de Lara insiste en su reclamo para que “no se diluya el eje de los femicidios” y la Justicia avance sin demoras en la búsqueda de los responsables materiales e intelectuales del triple crimen.