La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley que busca restringir el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), aunque con modificaciones que obligan a su regreso al Senado. La iniciativa obtuvo 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones, pero no logró la aprobación del artículo 3, que establecía un plazo máximo de 90 días para que el Congreso debatiera cada decreto presidencial.

El resultado fue celebrado por el oficialismo como un triunfo político en medio de un contexto de tensión institucional. Con apoyo de gobernadores, exaliados, y sectores de la Coalición Cívica, el Gobierno logró bloquear el avance de una ley que buscaba limitar su facultad para gobernar por decreto. Desde la Casa Rosada, que ya había anticipado un eventual veto, celebraron el traspié opositor y ganaron tiempo hasta después de las elecciones.

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La sesión estuvo marcada por el escándalo que rodea al diputado José Luis Espert, imputado por el presunto cobro de 200 mil dólares de un empresario ligado al narcotráfico. Ausente en el recinto, su situación generó malestar y fue aprovechada por el oficialismo para desacreditar la sesión convocada por la oposición. Además, antes del inicio del debate, el diputado Facundo Manes denunció haber sido amedrentado por Martín Menem, presidente de la Cámara baja, quien lo habría amenazado en los pasillos del Congreso. Menem negó el hecho y respondió que “la política necesita seriedad, no teatro”.

El proyecto proponía que cada DNU fuera tratado en un plazo máximo de 90 días y que bastara el rechazo de una sola Cámara para dejarlo sin efecto. Sin embargo, la votación del artículo clave se cayó por la pérdida de 13 apoyos, luego de que varios diputados respondieran a las presiones de sus gobernadores. Entre ellos, Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) jugaron un papel decisivo: la santafesina Melina Giorgi se abstuvo y luego votó en contra del artículo 3, al igual que Jorge Ávila, alineado con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

También contribuyeron al revés opositor los exlibertarios del MID y del bloque Coherencia, entre ellos Oscar Zago, Gerardo González, Eduardo Falcone y Carlos D’Alessandro, además de tres diputados del PRO —Héctor Baldassi, Sofía Brambilla y Álvaro González— y tres de la Coalición Cívica: Marcela Campagnoli, Victoria Borrego y Juan Manuel López.

Durante el debate, Miguel Ángel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) defendió la necesidad de acotar el uso de los DNU, recordando que la ley vigente fue sancionada “tras la crisis del 2001, con un gobierno que había asumido con el 22% de los votos”. Afirmó que la herramienta presidencial “ha sido utilizada de manera desmedida, afectando materias que deben ser debatidas por el Congreso”.

Desde el oficialismo, Nicolás Mayoraz retrucó que la oposición buscaba “instalar el gobierno del Congreso” y limitar la capacidad de decisión del Ejecutivo. La respuesta llegó de Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria: “Dejen de hablar de golpismo y desestabilización. Este proyecto busca equilibrio institucional, no poder”.

En medio de un clima de alta tensión, el resultado final sorprendió al arco opositor, que daba por hecho que el proyecto se convertiría en ley. Ahora, con las modificaciones introducidas, la iniciativa deberá regresar al Senado, donde el oficialismo buscará dilatar su tratamiento y evitar una nueva derrota legislativa.