Pocas horas después de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, Javier Milei se mostró en Casa Rosada junto al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, y sus ministros Luis Caputo y Guillermo Francos. El encuentro buscó enviar una señal política en medio de las críticas que crecen en el Congreso por el manejo de los créditos otorgados al país.

La preocupación central es que cientos de millones de dólares, destinados a programas de inclusión, investigación científica y obras públicas, tienen niveles de ejecución mínimos o nulos. Legisladores de la comisión bicameral Revisora de Cuentas advirtieron que los fondos podrían estar desviándose al Tesoro para reforzar el esquema cambiario.

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Los números son contundentes. En lo que va del año, el Gobierno reconoció haber gastado menos de 250 millones de dólares de los distintos créditos internacionales, apenas un 20% de lo que solían ejecutar administraciones anteriores en el mismo período. En paralelo, el Tesoro destinó 500 millones de dólares a controlar el dólar en la previa electoral bonaerense.

Uno de los casos más notorios es el de la Agencia I+D+I, que reclama 53 millones de dólares para financiar proyectos científicos. Investigadores denuncian que no se aprobaron nuevos programas desde hace casi dos años, que las becas están congeladas y que muchos proyectos quedaron truncos. El Conicet incluso acudió a la Justicia para exigir explicaciones por la falta de información.

La situación se repite en otras áreas. En discapacidad, el Gobierno recibió dos créditos por 565 millones de dólares de la CAF y el BID, destinados a pensiones y políticas de inclusión. Parte del dinero se usó en contrataciones cuestionadas y otra porción sigue sin ejecutarse, sin que exista una auditoría de la Auditoría General de la Nación.

Otro crédito que generó polémica fue el aprobado por el Banco Mundial en 2023 por 200 millones de dólares para obras de prevención de inundaciones urbanas. Los fondos nunca se utilizaron, incluso tras la catástrofe en Bahía Blanca, lo que podría implicar perder el financiamiento pagando intereses y punitorios.

Desde el Congreso, legisladores de distintos bloques advierten que el manejo de los créditos internacionales terminará judicializado. Al mismo tiempo, las provincias tampoco pueden acceder a financiamiento externo porque necesitan el aval de Nación, que nunca se otorga.

Mientras tanto, las políticas públicas que deberían fortalecerse con estos programas internacionales siguen paralizadas. Los fondos existen, pero el Gobierno prioriza sostener el tipo de cambio, mientras la ciencia, la infraestructura y la inclusión social esperan respuestas.