El presidente Javier Milei firmó el Decreto 494/2025 que autoriza la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), con la venta del 90% de sus acciones. La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, dispone que la venta se realice a través de licitación pública nacional e internacional y que el Congreso de la Nación debe dar su aprobación para concretar la operación.

El Gobierno determinó que al menos el 51% del capital accionario sea transferido a un operador estratégico, mientras que el resto podrá ofrecerse en bolsas y mercados del país. La iniciativa será gestionada por la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de empresas públicas”, dependiente del Ministerio de Economía.

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Este avance en el proceso de privatización llega un día después de que se modificara el marco regulatorio de AySA mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que habilita a la empresa a cortar el suministro de agua a los usuarios con una deuda de al menos dos meses.

El nuevo reglamento también prevé la interrupción del servicio en casos de “deficiencias en las instalaciones conectadas al sistema que perturben la normal prestación del servicio público u ocasionen perjuicios a terceros”, con previa intimación y comunicación a las autoridades locales y al Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).

Desde el Gobierno explican que estas medidas buscan “modernizar” la gestión de los servicios públicos y abrir el ingreso a capital privado. Sin embargo, sectores políticos y gremiales ya comenzaron a manifestar su rechazo, alertando sobre el impacto social y la pérdida del control estatal sobre un servicio esencial.