La causa por la expropiación de YPF, que se tramita en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, vive horas decisivas. A una década del inicio del conflicto legal, la jueza Loretta Preska volvió a fallar en contra de Argentina al rechazar el pedido del Gobierno de suspender la entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal a Burford Capital, el fondo litigante que compró los derechos para reclamar compensaciones tras la estatización de 2012.

Este revés se suma a una cadena de fallos adversos. La magistrada ya había aprobado el pedido de Burford diez días atrás y ayer ratificó que la entrega de las acciones debe realizarse antes del jueves 17 de julio, salvo que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito decida lo contrario en las próximas horas.

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Argentina apeló tanto la sentencia original –que la obliga a pagar USD 16.000 millones– como la orden de traspaso de acciones. Si la Cámara le da lugar a esa apelación, el país podría ganar tiempo e incluso fortalecer su posición para una eventual revisión por la Corte Suprema de EE.UU. Sin embargo, si la apelación fracasa o no es resuelta a tiempo, se abre un escenario aún más complejo.

El Gobierno ya dejó trascender que no acatará el fallo de Preska. Si eso ocurre, Burford podría pedir que se declare a Argentina en desacato, un estatus legal que, aunque no acarrea sanciones inmediatas, complica seriamente el acceso a financiamiento internacional, ahuyenta inversiones extranjeras y agrava el aislamiento jurídico del país.

En paralelo, continúan los intentos diplomáticos de la Cancillería y la Procuración del Tesoro por conseguir apoyos internacionales. La estrategia apunta a sumar presentaciones como amicus curiae en la Corte de Apelaciones. Estados Unidos ya recomendó a fines de 2023 que no se avalara el pedido de Burford, aunque Preska desoyó ese consejo. Ahora, el Gobierno argentino intenta sumar el respaldo de otros países como Uruguay, Paraguay, El Salvador, Italia, Francia y Alemania.

Este martes se desarrollarán dos reuniones clave en Nueva York. Una de ellas tratará el pedido de Burford de declarar que YPF y el Estado argentino son “una misma entidad”, figura conocida como alter ego, lo que abriría la puerta a embargar otros activos. La otra, más técnica, discutirá detalles sobre la entrega de acciones.

En su último escrito, Preska volvió a criticar duramente a la Argentina, a la que acusó de “eludir sus obligaciones” con maniobras dilatorias. Aseguró que el país “no realizó ningún esfuerzo” tras recibir prórrogas y advirtió que el daño invocado por el Gobierno “es consecuencia directa de sus propias acciones”.

Mientras tanto, la apelación sobre el fondo de la causa sigue su curso y, según fuentes oficiales, Argentina está dispuesta a agotar todas las instancias, incluso llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sin embargo, el tiempo judicial corre y el margen político y económico para el país se vuelve cada vez más estrecho.