Después de la derrota parlamentaria que sufrió en el Senado, donde se aprobaron leyes clave como el aumento a jubilados, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, el Gobierno nacional desplegó un operativo político para recomponer el vínculo con gobernadores aliados, con el objetivo de blindar los vetos que el presidente Javier Milei ya anticipó. “No todos los gobernadores son lo mismo”, declaró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien se puso al frente de las negociaciones para recuperar el respaldo de mandatarios que antes integraban Juntos por el Cambio y ahora se muestran distantes del oficialismo. Mientras el presidente Milei y el ministro Luis Caputo responsabilizan a los gobernadores por un posible impacto económico tras la aprobación de las leyes, Francos intentó moderar el tono y aseguró: “No está todo roto, creo que hay posibilidad de conversar”.

En paralelo, la estrategia electoral que impulsa Karina Milei, centrada en presentar listas propias en todos los distritos, genera tensiones con los mandatarios locales. El caso de Corrientes es paradigmático: la negativa del oficialismo a sellar una alianza con el gobernador Gustavo Valdés provocó que los tres senadores correntinos votaran en contra de los intereses del Gobierno. En cambio, en Chaco, donde se concretó un acuerdo con el gobernador Leandro Zdero, los senadores se alinearon con el oficialismo y no acompañaron los proyectos de la oposición. A su vez, en Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo —primer peronista en mostrarse cercano a Milei— evalúa ahora una postura más crítica, presionado por su electorado de cara a los comicios provinciales de octubre.

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El Gobierno confía en poder reconstruir el “tercio de hierro” en Diputados —los 87 votos necesarios para sostener los vetos— con el apoyo del PRO, sectores del radicalismo y partidos provinciales. Sin embargo, fuentes legislativas admiten que las gestiones están frías y que aún no se logró una convocatoria formal a los gobernadores.

“Hasta ahora, los gobernadores no nos piden nada”, expresó un secretario parlamentario. Por su parte, la oposición trabaja para realizar una sesión el 30 de julio, donde buscará tratar el financiamiento universitario, la emergencia pediátrica en el Garrahan y la emergencia en Bahía Blanca. Si las leyes recientemente aprobadas en el Senado llegan a Diputados y no se logran frenar, el oficialismo podría enfrentar un nuevo revés legislativo.

Milei ratificó que vetará las leyes sancionadas y advirtió que, si no logra frenarlas en el Congreso, recurrirá a la Justicia con el argumento de que la sesión del Senado fue inválida. Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema de 2020 estableció que la reglamentación interna del Senado es competencia exclusiva del Poder Legislativo.

El Ejecutivo tiene diez días hábiles para decidir si promulga o veta las normas. Mientras tanto, el ajedrez político continúa, con un Gobierno que apuesta a recuperar apoyos y contener una crisis legislativa que podría profundizar su ya compleja situación parlamentaria.