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Tensión máxima con las provincias: gobernadores amenazan con no sostener el veto presidencial al aumento jubilatorio

Por: Carlos Rodriguez

Tras los fuertes ataques de Javier Milei, mandatarios provinciales —incluso aliados— se muestran cada vez más reacios a respaldar las decisiones del Ejecutivo en el Congreso. El conflicto por el gasto, la campaña electoral y el armado libertario en los distritos recalienta la interna oficialista y pone en riesgo la estrategia fiscal del Gobierno.

El vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores atraviesa su momento más crítico desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Tras los fuertes dichos del Presidente, quien calificó a las provincias como “la última trinchera de la casta” y acusó a sus jefes políticos de no haber ajustado el gasto, varias voces del interior comenzaron a deslizar que podrían no acompañar el veto al aumento jubilatorio aprobado en el Congreso. Aunque no lo expresaron públicamente, en distintos despachos provinciales el mensaje fue claro: si el Ejecutivo no abre instancias de diálogo, el respaldo legislativo no está garantizado.

El temor en el Gobierno es concreto. El bloque de 87 diputados que el año pasado sostuvo el veto presidencial muestra fisuras. Las negociaciones para garantizar un piso de 75 votos a través de ausencias aún no son suficientes y las tensiones crecen en paralelo con la disputa electoral en las provincias. Desde la administración libertaria reconocen que “está muy complicado”, y que una eventual caída del veto implicaría un impacto fiscal de 1,8% del PBI, con consecuencias en los mercados y el riesgo país. Aun así, insisten en que “el déficit cero no se toca”.

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En una cena con empresarios, Milei responsabilizó a los gobiernos provinciales por frenar el cambio: “Es imperante llevar el cambio a las provincias, que hoy son la última trinchera que encontró la casta política para acuartelarse y seguir exprimiendo los bolsillos de la ciudadanía”. Y agregó: “Gran parte de los gobernadores firmaron el Pacto de Mayo, donde acordamos reducir el gasto público a 25 puntos del PBI, pero ninguno hizo el ajuste pertinente, faltándole el respeto a la sociedad que dicen representar”.

La respuesta fue silenciosa, pero contundente. Varios mandatarios hicieron circular datos oficiales que muestran que fueron las provincias, y no la Nación, las que redujeron la presión tributaria en 2024. También resaltaron un informe de la consultora Empiria, que indica que durante 2023 el ajuste promedio del gasto provincial fue del 15% en términos reales, con solo tres distritos en rojo: Buenos Aires, Catamarca y Chaco. “Los datos son nobles, la manipulación está en los relatos”, resumió el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares.

En paralelo, todos los gobernadores consensuaron un proyecto para modificar el régimen de los ATN y del impuesto a los combustibles líquidos, buscando mejorar la coparticipación. La movida fue interpretada como un mensaje político ante la falta de respuestas de Nación a sus reclamos. “Los gobernadores se unificaron todos. Es increíble cómo se les dio vuelta la tortilla”, admitieron desde una provincia que aún mantiene diálogo con el oficialismo.

La avanzada de La Libertad Avanza en el territorio también enciende alarmas. Con la estructura partidaria en expansión, el oficialismo nacional apuesta a disputar espacios en cada distrito. Esa estrategia divide aguas dentro del propio oficialismo. Mientras el ala vinculada a Santiago Caputo propone cuidar los vínculos con los gobernadores para sostener el plan legislativo, el sector de Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem impulsa el crecimiento político aún a riesgo de romper puentes con las provincias. La foto del Yacht Club, con los hermanos Milei y Sebastián Pareja, fue leída como un guiño presidencial a este segundo grupo.

El caso de Tucumán es elocuente. Su gobernador, Osvaldo Jaldo, uno de los más cercanos a Milei en los primeros meses de gobierno, ahora mantiene un vínculo tenso con la Rosada tras la incursión libertaria en su provincia. “Entre los Menem y estos comentarios del Presi se les va a complicar juntar los soldados para sostener el veto”, admitieron en un entorno provincial habitualmente alineado al oficialismo.

Mientras tanto, el sector libertario prepara el poroteo en Diputados, y el ala más pragmática teme que una derrota legislativa por el aumento jubilatorio no solo afecte la economía, sino también la imagen de fortaleza política que el Gobierno intenta construir rumbo a las elecciones de septiembre. En los pasillos oficiales ya se habla de un posible escenario adverso: si el veto cae, será la señal más clara de que la alianza con los gobernadores se ha resquebrajado.

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