El plan económico del presidente Javier Milei atraviesa un momento crítico. El respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI) ya no alcanza para disimular los desequilibrios crecientes del sector externo, mientras que el conflicto con el Congreso por la actualización de las jubilaciones expone el agotamiento del relato sobre las supuestas bondades del ajuste. A esto se suma la suba del riesgo país y el aumento de la desconfianza en los mercados financieros.

Con una economía que no da señales de recuperación y salarios e ingresos en caída, Milei responde con una lógica que ya fue utilizada en otras experiencias ortodoxas fallidas: culpar a la política. Luego de que Diputados aprobara un proyecto moderado para recomponer los haberes de los jubilados —con un incremento del 7,2% y un bono mínimo de 110.000 pesos—, el mandatario escribió en su cuenta de X: “LA POLÍTICA HACIENDO POLÍTICA. La primera ley de la economía es la escasez: no hay de todo para todos. A su vez, la primera ley de la política es: ignorar la primera ley de la economía. Por cínicos y/o ignorantes todo lo que proponen son políticas que llevan a la pobreza. Fin”.

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Ese mensaje fue una respuesta al economista Franco Tealdi, quien culpó a la "corporación política" por la suba del riesgo país tras la media sanción del proyecto. El Presidente ya anticipó que vetará la iniciativa si también es aprobada por el Senado. Sin embargo, los números de la economía muestran que los problemas no provienen del Congreso, sino del propio programa de gobierno. Lejos de encaminar al país hacia la estabilidad, el modelo libertario empuja a una creciente mayoría hacia la pobreza, con salarios reales hundidos, caída del consumo y deterioro del aparato productivo.

La narrativa oficial —que insiste con que el sacrificio actual dará lugar a un crecimiento autosostenido basado en el equilibrio fiscal, la atracción de inversiones y el ahorro estatal— comienza a resquebrajarse. Los signos de agotamiento se multiplican. En mayo, por ejemplo, la recaudación impositiva se desplomó un 18% interanual en términos reales, mientras que el IVA y los aportes a la Seguridad Social acumulan tres meses consecutivos de caída. A su vez, el déficit comercial con Brasil trepó a 535 millones de dólares, uno de los más altos de los últimos dos años. En lo que va del año, el rojo bilateral con el principal socio del Mercosur ya alcanza los 2.427 millones de dólares, muy por encima del superávit de 58 millones del mismo período de 2024

El superávit comercial total también se desvanece: en abril fue de apenas 204 millones de dólares, frente a los 1.806 millones de igual mes del año anterior. Sin los aportes extraordinarios del sector energético, el saldo del primer cuatrimestre sería negativo en más de 1.400 millones. Estos datos encienden luces de alerta en un modelo que además enfrenta un creciente atraso cambiario y una ola de importaciones que amenaza la producción nacional y el empleo.

En paralelo, crece la inquietud en el mercado financiero. “El frente externo vuelve a mostrar números rojos”, advirtió la economista Milagros Gismondi, de la firma Cohen Aliados Financieros. “Esta vez, el ajuste lo hizo el sector público, pero el privado sigue gastando más de lo que produce. En este contexto, la clave ya no es cuánto se desequilibra la cuenta corriente, sino si se puede seguir financiando”, explicó. Gismondi señala que el déficit proyectado del sector externo en 2025 es de 1,5% del PBI y que el verdadero dilema es el financiamiento. En 2026, cuando el Gobierno deba renovar vencimientos clave, si no accede a los mercados, se abriría el camino hacia una nueva devaluación o incluso una reestructuración de deuda. “Con cuenta corriente deficitaria, el tipo de cambio puede seguir en los niveles actuales si se consigue el acceso a los mercados; si no, habrá que reducir el déficit de cuenta corriente mediante una corrección cambiaria o recesión”, concluyó.

Mientras tanto, el deterioro en los indicadores sociales y económicos avanza. La consigna de campaña contra “la casta” ya no alcanza para explicar la caída del poder adquisitivo, la pérdida de empleo y el retroceso de la actividad económica. El experimento liberal-libertario muestra síntomas de fragilidad estructural. El mercado observa, pero el termómetro social marca que el ajuste, lejos de generar crecimiento, profundiza el estancamiento.