Thiago Correa, el niño de siete años que había sido baleado en la cabeza en Ciudad Evita por un agente de civil de la Policía Federal Argentina (PFA), murió este viernes en el Hospital de Niños de San Justo. El disparo que lo mató salió del arma de Facundo Aguilar Fajardo, un oficial de 21 años que, fuera de servicio, disparó once veces contra un grupo de jóvenes que presuntamente intentaron asaltarlo, cuando ya huían de la escena.

El caso ocurrió el miércoles por la noche en La Matanza, pero tomó estado público al día siguiente y escaló con fuerza este viernes, tras confirmarse la muerte del niño. La reacción oficial no tardó: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no sólo defendió al agente, sino que anunció que pedirá a la Justicia que impute a los jóvenes por el homicidio de Thiago, pese a que todos los disparos salieron del arma del policía y que la pistola secuestrada a los supuestos asaltantes no estaba apta para disparar.

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“Los únicos responsables de esta tragedia son los delincuentes que desataron el tiroteo”, dijo Bullrich en conferencia de prensa, intentando trasladar la culpa a los jóvenes, aunque la causa judicial indica lo contrario. Hasta ahora, Fajardo está imputado por exceso en la legítima defensa.

Según reconstruyó la investigación, Fajardo esperaba el colectivo junto a su madre cuando fue abordado por cuatro jóvenes que intentaron robarle. Cuando los presuntos asaltantes escaparon, el oficial los persiguió a pie y disparó por la espalda. Mató a uno de ellos, Brandon Corpus (18), hirió a dos más y una bala impactó en Thiago, que estaba con su padre a casi dos cuadras.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento. El audio evidencia que los disparos se produjeron cuando los jóvenes ya estaban corriendo, lo que complica la justificación del accionar policial. Además, se ve cómo uno de los jóvenes descarta un arma que luego fue secuestrada, pero cuya capacidad para disparar no fue acreditada por la fiscalía.

Desde el Ministerio de Seguridad se insiste en que el accionar del agente fue en “legítima defensa”, y que la responsabilidad por la muerte de Thiago recae sobre los presuntos ladrones. Incluso, se anunció que se impulsará una reforma del Código Penal para ampliar esa figura. Sin embargo, actualmente la legislación no permite imputar por homicidio a quien no realizó el disparo, como propone el Gobierno nacional.

La causa judicial, a cargo del fiscal Diego Rulli, avanza con cautela. Considera posible que el inicio del hecho se encuadre en una legítima defensa, pero no así la persecución armada y los disparos por la espalda.

Organismos de derechos humanos como el CELS, la Comisión Provincial por la Memoria y Correpi repudiaron el accionar policial y las declaraciones oficiales. Coincidieron en que el caso refleja una escalada en el uso de la fuerza por parte de agentes fuera de servicio y reclamaron la prohibición del uso del arma reglamentaria en esas condiciones.

“El policía disparó de manera irrazonable e irresponsable, y hay una ministra que lo aplaude”, sostuvo Roberto Cipriano García, de la Comisión por la Memoria. Desde el CELS, recordaron que el 83% de las muertes en hechos similares este año fueron protagonizadas por policías fuera de servicio. Para Correpi, “la mayoría de los casos de gatillo fácil se dan en estas circunstancias”.

Mientras la Justicia analiza las pruebas y testimonios, la muerte de Thiago se suma a la larga lista de víctimas de violencia institucional. Una bala policial terminó con la vida de un niño de siete años, y el debate vuelve a centrarse en los límites del accionar policial y en el uso político del dolor por parte del Gobierno nacional.