Ante la grave situación que enfrentan muchas instituciones que prestan servicios bajo la Ley 24.901, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció un paquete de medidas urgentes para garantizar la continuidad de atención a personas con discapacidad y evitar el cierre de espacios fundamentales. “Tenemos 142 instituciones en riesgo por el atraso del nomenclador nacional y el aumento de los costos. Desde la Ciudad decidimos actuar, porque no podemos permitir que ninguna cierre”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Entre las acciones anunciadas se encuentra la entrega de un subsidio extraordinario equivalente al 24% de la facturación mensual, que será abonado en dos cuotas. Esta asistencia alcanzará a 142 Centros de Día, Centros Educativos Terapéuticos, Hogares y Residencias que brindan servicios de alta intensidad de apoyo. La inversión total se estima en $1.777 millones y apunta a sostener la operatividad de los dispositivos ante el desfinanciamiento y la suba de costos.

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE TELEGRAM.

👉  https://t.me/noticiasconenfoqueprensa

Ofrecemos lo más relevante en noticias

La vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, subrayó la dimensión humana del problema: “Estamos hablando de 5.900 personas con discapacidad y alto grado de dependencia, que requieren cuidados y apoyo permanente para desarrollar su vida diaria. Su vida entera depende del acompañamiento permanente de cuidadores y profesionales especializados. Estas instituciones, además de brindarles atención a las personas, acompañan también a sus familias en los desafíos que enfrentan”.

En paralelo, el Ejecutivo porteño enviará a la Legislatura un proyecto para eximir del pago de Ingresos Brutos y condonar deudas a las instituciones prestadoras categorizadas que se dediquen exclusivamente a la atención de personas con discapacidad.

Asimismo, se incrementará en $500 millones la línea de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, que financia a organizaciones sin fines de lucro que trabajan con esta población. Con estas medidas, el gobierno porteño busca dar una respuesta concreta a un sector en emergencia, asegurando derechos básicos y sosteniendo el entramado de atención a quienes más lo necesitan.