El presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para su aprobación, en el marco de una negociación que, según dejó entrever, incluye la eliminación del cepo cambiario antes de fin de año. La medida responde a una condición impuesta por el organismo de crédito liderado por Kristalina Georgieva, en un contexto de tensión por la caída de reservas y el impacto del ajuste fiscal.

"Le pedimos al Congreso que nos acompañe en la aprobación del acuerdo con el FMI que nos permitirá manejar un esquema cambiario más flexible y sustentar la estabilidad macroeconómica", sostuvo el mandatario en su discurso de apertura de sesiones ordinarias.

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El anuncio se produce en medio del escándalo por la megaestafa con la criptomoneda $LIBRA, que involucra a figuras cercanas al oficialismo, y tras una jornada en la que el Banco Central vendió U$S 350 millones, lo que llevó las reservas internacionales a U$S 27.995 millones, el nivel más bajo del año.

Para justificar la operación sin admitir un incremento del endeudamiento, Milei argumentó que el déficit "consolidado" del Banco Central y del Tesoro fue transformado en superávit. Sin embargo, la operación implicará un traspaso de pasivos del Banco Central al Tesoro, con el objetivo de saldarlos mediante nueva deuda con el FMI.

"Nosotros vamos a honrar nuestros compromisos y los fondos para enfrentar esta deuda surgirán de un mayor ajuste fiscal vía reducción del gasto público", afirmó el Presidente, y sostuvo que la medida representará "una transferencia de riqueza desde el Estado a todos los argentinos de bien, en especial a los segmentos más vulnerables".

El giro de dólares que espera el Gobierno, estimado entre U$S 8.000 y U$S 12.000 millones, es considerado clave para sostener el atraso cambiario y garantizar una eventual salida del cepo sin riesgos de una brusca devaluación. Sin embargo, el impacto de la medida y la capacidad del Ejecutivo para controlar la inflación siguen siendo inciertos.

El debate legislativo se perfila como un obstáculo para los tiempos que maneja el oficialismo. La Ley de Sostenibilidad de la Deuda, sancionada en 2021 durante la gestión de Alberto Fernández, establece que cualquier acuerdo o ampliación de financiamiento con el FMI debe ser aprobado por el Congreso.

En su discurso, Milei no hizo referencia a la normativa y, días atrás, había asegurado que el nuevo acuerdo no pasaría por el Parlamento porque no implicaba un aumento de la deuda total. No obstante, el ministro de Economía, Luis Caputo, contradijo esa afirmación y confirmó que el Gobierno deberá someter el entendimiento al voto legislativo.

La discusión parlamentaria reaviva el debate sobre el rol del Congreso en las decisiones de financiamiento externo, en un escenario donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia y necesita negociar apoyos. En 2018, el entonces presidente Mauricio Macri firmó con el FMI un crédito por U$S 57.000 millones sin intervención legislativa, lo que derivó en la sanción de la normativa vigente para regular este tipo de acuerdos.

Con la presión del Fondo para avanzar en la salida del cepo y un panorama económico condicionado por la caída de reservas, la aprobación del nuevo programa de financiamiento se presenta como uno de los principales desafíos políticos y económicos del Gobierno en el corto plazo.