El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó una conferencia de prensa este lunes en la Casa de Gobierno donde denunció un “escándalo jurídico” ante la divulgación anticipada del fallo contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa “Vialidad”, previsto para este miércoles. “No es necesario esperar al miércoles para saber lo que va a suceder, ya que una vez más hubo medios de comunicación que brindaron todos los detalles del fallo”, afirmó Kicillof, acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y otros funcionarios de su gabinete.

Kicillof sostuvo que la situación constituye “un nuevo género que podríamos llamar derecho-ficción”, donde, a su entender, "se dictan condenas sin pruebas y sin la posibilidad de que el acusado haya cometido los hechos atribuidos debido a su función administrativa". A su juicio, el objetivo de esta sentencia es “disciplinar políticamente a dirigentes del campo popular” mediante “una condena ficticia”.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, sumó su crítica al procedimiento judicial y afirmó: “La Cámara Federal de Casación Penal va a dar un paso más en la afectación de nuestra democracia”. Según Mena, medios de comunicación ya han anticipado la ratificación de una condena a seis años de prisión para la vicepresidenta, junto con una inhabilitación perpetua para cargos públicos. "La causa Vialidad está vinculada a los calendarios electorales, en una estrategia para disciplinar", aseguró.

En la conferencia, Kicillof también retomó el tema del Canal Magdalena y reclamó al Gobierno nacional el traspaso de la obra a la provincia. Expresó que esto permitirá avanzar en una infraestructura clave para mejorar la competitividad provincial. “No vamos a dejar pasar este negociado que perjudica a la provincia de Buenos Aires”, declaró Kicillof sobre el nuevo contrato de concesión de la vía navegable troncal.

El jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco, apuntó además a las deficiencias del contrato de la hidrovía. Según Bianco, "ignora tratados internacionales, no tuvo consulta a las provincias ni estudios de impacto ambiental, favoreciendo a puertos privados en detrimento de los públicos".

La conferencia contó con la presencia de numerosas autoridades provinciales, quienes manifestaron su apoyo a la vicepresidenta y su rechazo a lo que describieron como un proceso judicial y mediático de “persecución política”.