La Justicia hizo lugar al amparo presentado por el Municipio de La Matanza contra los aumentos desmedidos en las tarifas de luz, gas y agua, autorizados por el gobierno nacional. El Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº 1, a cargo del juez Federico José Gallo Quintian, dictó una medida cautelar que impide a las empresas prestatarias realizar cortes de servicios en todo el distrito, mientras se resuelve el fondo de la cuestión: establecer tarifas accesibles.

El amparo fue impulsado por el intendente Fernando Espinoza junto con entidades de defensa del consumidor y fuerzas vivas del distrito, en representación de las familias, comercios, clubes de barrio, empresas y jubilados, quienes se vieron afectados por los incrementos que, según investigaciones del Conicet y la UBA, promediaron un 370% este año, cuatro veces más que la inflación.

Espinoza destacó que esta decisión es clave para proteger a los sectores más vulnerables: "El pueblo de La Matanza no puede seguir soportando estas tarifas desmedidas que ponen en peligro la economía familiar y afectan gravemente a nuestra comunidad productiva."

Los tarifazos aplicados por las empresas energéticas y de agua, con el respaldo del gobierno de Javier Milei, generaron una situación de Pobreza Energética en la región, ya que las facturas en muchos casos superaron el 10% del ingreso familiar. En algunos hogares, los aumentos alcanzaron hasta un 1000%, impactando directamente en el nivel de vida y el aparato productivo local.

A raíz de estos incrementos, se realizaron multitudinarias asambleas organizadas por la Multisectorial de La Matanza, donde participaron curas, pastores evangélicos, docentes, empresarios y trabajadores, entre otros actores de la sociedad civil, para coordinar acciones judiciales que frenen estas políticas que empobrecen a la población.

La medida cautelar garantiza que las empresas no podrán cortar los servicios bajo ninguna circunstancia, incluso en casos de falta de pago, mientras se debate cómo establecer tarifas que sean acordes con la realidad económica de los usuarios. Según cifras oficiales, la recesión y la caída de los ingresos han provocado un aumento de más de 11 puntos en los índices de pobreza en los primeros seis meses de gestión del actual gobierno.