En una semana clave para el futuro de la Ley de Financiamiento Educativo, la comunidad universitaria volverá a las calles con una Marcha Federal Universitaria que se realizará este miércoles frente al Congreso de la Nación. La convocatoria tiene como objetivo defender la norma sancionada por el Parlamento, que declara la emergencia presupuestaria en el sistema universitario y actualiza las partidas correspondientes al 2023 y 2024. La ley espera la decisión del presidente Javier Milei, quien tiene hasta el 3 de octubre para vetarla.

La marcha es organizada por los principales actores del ámbito universitario, entre ellos el Frente Sindical Universitario, que nuclea a gremios docentes y no docentes, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Además, contará con el acompañamiento de diversas centrales obreras, como la CGT, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la UTEP y otras organizaciones sociales.

En tanto, las federaciones docentes rechazaron una propuesta salarial del gobierno nacional, que intentó desactivar la protesta con una suba del 5,8% para octubre. Los sindicatos calificaron la oferta como “insuficiente” y señalaron que no resuelve el atraso acumulado. “La propuesta está muy lejos de equiparar con los estatales porque es solo un 5,8 por ciento para octubre y no reconoce la enorme deuda de más de 50 puntos nominales en el salario de docentes y no docentes”, aseguró Carlos De Feo, secretario general de CONADU.

En la misma línea, Claudia Baigorria, secretaria de Formación de CONADU Histórica, consideró la oferta como una "farsa salarial" y agregó: “Cuando estábamos haciendo el paro, el Gobierno nos convoca deliberadamente para ofrecer una suma ridícula. Es exigua en función del retraso salarial que mantenemos desde que asumió Milei”.

La paritaria pasó a cuarto intermedio para el lunes 7 de octubre, pero la movilización del miércoles se mantiene en pie. Será el cierre de una semana de visibilización de la crisis universitaria, que incluyó un paro de 48 horas, volanteadas, clases públicas y abrazos simbólicos en distintas ciudades del país.

Por su parte, desde el Consejo Interuniversitario Nacional, el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo, destacó la relevancia de la movilización: “Va a ser un catalizador de algo que está más allá de la universidad, es un tema transversal que atraviesa a toda la sociedad. La universidad es un tema fuerte en la opinión pública”.

El Gobierno tiene plazo hasta el 3 de octubre para formalizar el veto de la ley, que tiene un impacto fiscal del 0,14% del PBI, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Ante esa posibilidad, los rectores universitarios mantienen conversaciones con diputados de distintas provincias para intentar revertir un eventual veto presidencial.

La marcha finalizará con un acto en la Plaza de los Dos Congresos, donde representantes de todos los sectores leerán un documento unificado en defensa de la universidad pública y en contra de los recortes presupuestarios.