En medio de una profunda crisis económica y con la negativa del Gobierno nacional a aumentar los salarios de trabajadores y docentes, los senadores nacionales han aprovechado un "pase libre" otorgado por la vicepresidenta Victoria Villarruel para incrementar sus dietas en un 6,5%. Este aumento eleva sus ingresos brutos a 9 millones de pesos, lo que se traduce en más de 8 millones netos en sus bolsillos.

El aumento se distribuye en dos tramos: un 3,5% retroactivo al 1 de julio y un 3% adicional a partir del 1 de agosto. Este ajuste fue posible gracias a una maniobra que permitió a los senadores vincularse al aumento paritario recibido por los empleados del Congreso. La resolución fue firmada por María Laura Izzo, secretaria administrativa del Senado, y Agustín Giustinian, secretario parlamentario, extendiéndose también a los diputados con el aval de Laura Oriolo, secretaria administrativa de la Cámara Baja, y Diego Molina Gómez, secretario general.

La medida ha generado una ola de críticas, especialmente desde el propio gobierno y del sector que lidera Javier Milei. El Presidente expresó su repudio hacia las firmas que autorizaron el aumento, apuntando indirectamente a Villarruel y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. En un tono similar, Milei criticó duramente la decisión, calificándola como una "traición al pueblo", y manifestó su indignación a través de Twitter, arremetiendo contra los legisladores por lo que considera un despilfarro en un contexto de crisis.

La polémica se agrava aún más por la situación crítica de los docentes universitarios, quienes han visto una pérdida significativa de su poder adquisitivo en los últimos seis meses. Según la Universidad de Buenos Aires (UBA), los profesores han perdido más de un tercio de su salario debido a los ajustes presupuestarios, lo que ha provocado una de las mayores movilizaciones contra el gobierno en años recientes. Sin embargo, las protestas solo lograron aumentos en las partidas para gastos de funcionamiento, sin mejoras salariales reales.

Este escenario contrasta con el reciente desembolso de 100 mil millones de pesos destinados a la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), creada tras la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), fondos que son de carácter reservado y no requieren rendición de cuentas pública.

La situación sigue generando tensiones y críticas dentro y fuera del Congreso, mientras el gobierno enfrenta un creciente descontento social en medio de una compleja crisis económica.