Hace unos días, en medio de una investigación judicial sobre el tema de los seguros, desde el celular de María Cantero, implicada y ex secretaria del ex presidente Alberto Fernández, salió a la luz la noticia de que el mismo habría ejercido violencia contra su exmujer y madre de su hijo menor. Al día siguiente, Fabiola Yañez formalizó la denuncia por violencia física, mental y económica.

Inmediatamente, el juez Ercolini dictó una medida perimetral y una eventual prohibición de salida del país para Fernández, ya que Yañez está radicada en España junto al menor. En un comunicado difundido por sus redes personales, el exmandatario niega los hechos y manifiesta que se defenderá con pruebas en la justicia. Un sinfín de fake news, especulaciones y aprovechamientos en el plano político están a la orden del día.

Lo cierto es que el presidente Milei, adicto a la red X, no perdió tiempo para expresarse y denostar lo que hasta su llegada al poder fue el Ministerio de la Mujer, que, además, como detalle, ordenó la venta inmediata del edificio. La realidad es que los femicidios no cesan y, si bien el Ministerio no era todo lo eficiente que se esperaba, brindaba asistencia a miles de mujeres que, desde un número de teléfono (144), podían comenzar a recibir ayuda para ellas y su entorno.

Tomar un caso a la ligera para argumentar el cese de todo un sistema que llevó años diagramar y poner en funcionamiento en todo el país, con albergues, asistencia jurídica y psicológica, romper con la dependencia económica inmediata y la contención temprana del caso, es ser necio y despiadado.

Se trata de derechos del individuo, y en este marco conocimos en estos días la visita de seis diputados nacionales de LLA a la cárcel de Ezeiza para visitar a represores y genocidas. No faltó nada, porque hasta la foto estuvo.

Estos octogenarios están presos por represión, violación, tortura, secuestro, desaparición y homicidio. No hace falta describir las atrocidades cometidas en los años más oscuros de nuestro país; más allá de que la diputada Acuña no esté tan al tanto, el resto de la sociedad está mucho más informada por libros, películas, documentales, testimonios o familiares.

En honor a la verdad, se suele tapar un tema con otro, y aquí estamos hablando de un caso en el ámbito privado que claramente es de interés y otro de la historia y la lucha de miles por un resarcimiento moral y humano, con la esperanza de que algún día los asesinos rompan el pacto de silencio y digan dónde están, qué hicieron con los 30.000 desaparecidos y los hijos de los que se han recuperado algunos, mientras se sigue esperando la restitución de los que aún no aparecen.

La violencia de género es repudiable y las víctimas hablan cuando pueden, porque no es fácil, además de que luego hay que afrontar una sociedad que juzga y revictimiza. Más allá de la oposición oportunista, hay propios que se apuraron a hacer comunicados y expresarse en redes en este caso particular, dejando pasar otros que también son contemporáneos.

La doble vara es materia de análisis por lo burda y salpicada de obviedades.

La violencia institucional de quienes reciben un proyecto de ley para morigerar la reclusión perpetua de monstruos como Astiz, Suárez Mason y demás genocidas es, por lo pronto, para ser discutida en el recinto para que se sancione o expulse a los diputados y se sepa cómo y quiénes estuvieron en la organización de toda la operativa. La manipulación de la verdad y las versiones de la misma aplica una opinión personal que, en estas cuestiones, Sres., es irrelevante.

Carla Echichure Castro