El miércoles pasado, la zona del Congreso fue escenario de una violenta represión por parte de las Fuerzas de Seguridad, actuando bajo órdenes del Gobierno Nacional. Según testigos y organizaciones de derechos humanos, manifestantes y transeúntes fueron detenidos sin motivo alguno, en lo que se ha descrito como una verdadera "cacería humana".

"Exigimos que se respeten sus derechos y su inmediata liberación", declaro Katopodis, subrayando la necesidad de actuar conforme a los principios de justicia y derechos humanos.

Los relatos de la jornada describen a Fuerzas de Seguridad dispuestas a utilizar gases contra legisladores y a golpear salvajemente a jubilados, mientras se mostraban ineficaces para identificar y detener a los verdaderos responsables de los desmanes ocurridos en el lugar. Este comportamiento ha generado sospechas de que entre los violentos habría habido infiltrados, una situación que, según los críticos, confirma la impunidad con la que actuaron esos grupos.

El gobierno encabezado por Javier Milei y Patricia Bullrich ha sido acusado de intentar silenciar a la ciudadanía que se opone a sus políticas, buscando imponer un modelo represivo para sofocar la protesta social, un derecho garantizado por la Constitución Nacional. "No van a poder frenar al pueblo", afirmo el ministro, añadiendo que cada vez más personas están dispuestas a alzar la voz y salir a las calles para defender los derechos de los trabajadores y productores frente a políticas que, según ellos, favorecen a un pequeño grupo de multimillonarios y a sus aliados en los grandes fondos de inversión extranjeros.

Este incidente ha generado una fuerte reacción en la sociedad, movilizando a diferentes sectores en defensa de los derechos humanos y en contra de cualquier intento de represión y censura. La demanda es clara: respeto por los derechos de los detenidos y cese de las políticas represivas que buscan acallar la voz del pueblo.