El salario mínimo real en Argentina ha sufrido una caída sin precedentes del 34,1% desde la asunción del presidente Javier Milei en noviembre pasado hasta abril de este año, según reveló un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA).

El mandatario libertario destacó recientemente una supuesta recomposición salarial frente a la inflación, afirmando que los ingresos están empezando a imponerse en la lucha contra el aumento de precios. Sin embargo, los datos revelan una realidad desafiante para los trabajadores del país.

El informe señala que el salario mínimo, vital y móvil ha experimentado una dramática disminución desde la llegada de la actual administración. A pesar de los aumentos nominales anunciados, estos no han sido suficientes para contrarrestar la inflación, lo que ha resultado en una pérdida significativa del poder adquisitivo de los trabajadores.

Durante la última reunión del Consejo de Salario, ante la ausencia de propuestas por parte de la representación empresarial, la Secretaría de Trabajo determinó un aumento del 30% en tramos, llevando el salario mínimo a 202.800 pesos desde marzo. Sin embargo, este aumento nominal no ha logrado compensar la inflación acumulada, lo que ha llevado a una disminución real del 34,1%.

La situación se agrava aún más al considerar el poder adquisitivo del salario mínimo en relación con la canasta básica alimentaria. En abril de 2024, el salario mínimo solo alcanzó para adquirir poco más de la mitad de la canasta básica de alimentos que define la línea de indigencia para una familia tipo, y menos de un cuarto de la canasta de pobreza.

El informe también destaca que, de no haber ocurrido la pérdida de poder adquisitivo desde fines de 2015, el salario mínimo actual debería ascender a casi 480.000 pesos en el mes de abril. Esta situación refleja un retroceso histórico en el poder adquisitivo de los trabajadores argentinos, colocando al salario mínimo incluso por debajo del nivel de 2001/2002.

La caída del salario mínimo real representa no solo un desafío económico para los trabajadores, sino también una amenaza para la lucha contra la pobreza y la indigencia en el país, reflejando relaciones comparables con los peores momentos de la crisis tras el estallido del régimen de convertibilidad.

Este preocupante panorama evidencia la necesidad de políticas efectivas para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y garantizar condiciones dignas de vida para todos los argentinos.