El Gobierno nacional ha interpuesto un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia con la intención de revertir el fallo que declaró inconstitucional y suspendió la implementación del capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23, según han informado fuentes judiciales.

La presentación realizada por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), el equipo legal que representa al Estado nacional bajo la dirección de Rodolfo Barra, incluye críticas hacia el sistema judicial laboral y la Confederación General del Trabajo (CGT), cuya representación está en disputa.

En el escrito los abogados de la PTN argumentaron que "no se desprende de la sentencia impugnada, ni de las pruebas presentadas en el caso, ningún argumento que indique cómo la aplicación del DNU afecta los derechos de libertad sindical de la CGT ni de los trabajadores que supuestamente representa".

Por otro lado, el énfasis de las resoluciones judiciales que suspendieron el capítulo laboral del DNU se centró en la cuestionada invocación de las condiciones de "necesidad y urgencia" por parte del Ejecutivo para evitar el proceso legislativo en el Congreso.

Los jueces de la Cámara Federal del Trabajo, al dejar sin efecto el capítulo 4 del DNU, subrayaron que el artículo 99 de la Constitución Nacional establece claramente que el ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo debe darse en circunstancias excepcionales.

El escrito presentado por los abogados de la PTN también objetó los criterios utilizados por la Cámara de Apelaciones en lo Laboral.

En su análisis, los representantes legales del Estado argumentaron que el tribunal tuvo un enfoque desproporcionado y sin fundamento respecto a la necesidad y urgencia que justifica un DNU. Además, criticaron la postura de la CGT, a la que acusaron de influir en decisiones judiciales en su propio beneficio.

En cuanto a si el DNU contempla disposiciones que requieren urgencia, la Procuración indicó que el concepto de "excepcionalidad" es de índole política más que jurídica, y que otros términos como "seguridad de fronteras" o "conmoción interior" también caen en esta categoría.

Los abogados del Estado argumentaron que la valoración política de la emisión de un DNU corresponde al Poder Legislativo, no al Judicial.

La Cámara Nacional del Trabajo había declarado previamente la inconstitucionalidad de todos los artículos del capítulo laboral del DNU 70/2023, en respuesta a una presentación realizada por la CGT.

Entre las modificaciones laborales propuestas en el DNU, se incluían ampliaciones del periodo de prueba a 8 meses, considerar los bloqueos o tomas de establecimientos como causales de despido, y cambios en el sistema de indemnizaciones.