El Gobierno Nacional ha decidido suprimir el Fondo Compensador del Interior, que antes subsidiaba a las empresas de colectivos urbanos en todas las provincias.

Esta medida se suma al reciente incremento en las tarifas de los boletos de colectivos y trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como parte del objetivo del Poder Ejecutivo de reducir de manera significativa los subsidios al transporte.

A partir de ahora, el Gobierno concentrará la ayuda a los usuarios más necesitados de manera directa mediante la tarjeta SUBE, proporcionando un descuento que alcanzará hasta el 55% de la tarifa del boleto.

En un comunicado emitido por el Ministerio de Economía, se afirmó que esta medida adoptada "se alinea con el Pacto Fiscal suscrito entre gobernadores y el Gobierno Nacional en 2017 y 2018". Este pacto establecía que las provincias serían responsables de definir compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor dentro de sus jurisdicciones.

El acuerdo también comprometía a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en el transporte para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Desde el Ministerio de Economía resaltaron la reciente decisión de poner fin al congelamiento de tarifas heredado de la gestión anterior en trenes y colectivos del AMBA para líneas bajo jurisdicción nacional. Esta acción otorga un mayor protagonismo a la tarifa en la cobertura de los costos necesarios para operar.

 "Por supuesto va a repercutir en tarifas", dijo el vocero presidencial Manuel Adorni y lanzó que "el objetivo de todo esto es la equidad".

Según un comunicado de la Secretaría de Transporte, el único sector que seguirá recibiendo la ayuda estatal para viajar será a los usuarios de menores recursos, a través de la tarjeta SUBE, cuyo sistema sigue colapsado hace días.

“Las personas que utilizan el servicio y que necesiten del aporte del Estado Nacional, seguirán contando con el Atributo Social” que “implica un descuento del 55 por ciento de la tarifa del boleto”, puntualizó la cartera.

Pero lo que deja claro el gobierno nacional es que la peor parte la llevan los gobernadores a los que el Presidente y varios de sus funcionarios le atribuyeron el fracaso de la ley ómnibus en el Congreso.

A partir de este año, dice el comunicado, “se elimina el Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas también eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios del resto del país”.

“Estas decisiones guardan coherencia con el Pacto Fiscal que Gobernadores Provinciales y Gobierno Nacional firmaron en 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte”, les enrostra.

Ese pacto recaía sobre el AMBA pero también “establecía que las provincias definirían compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollado en el ámbito de sus jurisdicciones”, les recordó el gobierno de Milei.