La Libertad Avanza consiguió las firmas necesarias para avanzar con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y ahora busca reactivar su tratamiento en el Senado. La intención del oficialismo es convocar a una sesión durante la próxima semana para darle sanción definitiva a la iniciativa, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

El dictamen había quedado pendiente desde la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, realizada durante la última semana de octubre. Aunque el oficialismo había anunciado que contaba con los respaldos necesarios, las firmas todavía no estaban formalizadas. Dos semanas después, esa instancia quedó completada con el acompañamiento de legisladores de distintos bloques.

Según trascendió, firmaron el dictamen Nadia Márquez, Agustín Coto, Belén Montes de Oca, Ivanna Arrascaeta, María Emilia Orozco, Gonzalo Guzmán Coraita, Bartolomé Abdala, Patricia Bullrich y Luis Juez, por La Libertad Avanza; Rodolfo Suárez, Eduardo Vischi y Maximiliano Abad, por la Unión Cívica Radical; Carolina Moisés, de Convicción Federal; Carlos “Camau” Espínola, de Provincias Unidas; y María Victoria Huala, del PRO.

De acuerdo con fuentes del oficialismo, las dos firmas que faltaban para completar el dictamen eran las del radical Maximiliano Abad y la macrista María Victoria Huala. Por ahora, no hay precisiones sobre una reunión de labor parlamentaria previa a la eventual sesión, aunque la intención de LLA es avanzar con el debate en el recinto durante la semana próxima.

Otro de los temas que el Gobierno tiene en condiciones de tratar es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su reglamento, que también cuenta con media sanción de Diputados. Semanas atrás, desde sectores oficialistas habían señalado que la Casa Rosada había frenado el avance de esa iniciativa.

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada atravesó varias modificaciones desde su redacción original, elaborada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. En su primera versión incluía un artículo que proponía derogar la Ley de Tierras, una disposición que finalmente fue retirada durante su tratamiento en el Senado.

Aquella discusión se desarrolló en un contexto de fuerte tensión política, con una represión en las inmediaciones del Congreso y cuestionamientos de distintos sectores sociales y políticos. Tras ese primer recorrido legislativo, la iniciativa parecía destinada a quedar sin tratamiento, pero volvió a cobrar impulso en las comisiones de Diputados.

Uno de los puntos centrales de la nueva redacción estuvo relacionado con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei. Para sostener ese aspecto de la norma, los bloques aliados impulsaron cambios que dejaron sin efecto la propuesta de derogar la Ley de Tierras y reafirmaron la vigencia de esa legislación, sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

En esta instancia, el Senado deberá aceptar o rechazar las modificaciones introducidas por Diputados. El resultado de esa votación será determinante para definir el futuro de una iniciativa que acumuló controversias desde su presentación.

Entre sus principales disposiciones, el proyecto establece criterios más estrictos para los procesos de expropiación contemplados en la Ley 21.499. La declaración de utilidad pública deberá tener una interpretación restrictiva e identificar de manera específica y concreta el objetivo que se busca alcanzar. Además, la expropiación tendrá que ser idónea, necesaria y proporcional para cumplir con ese propósito.

El texto también establece un límite del 30 por ciento del valor del daño emergente para el reconocimiento del lucro cesante.

Por otra parte, incorpora modificaciones a la denominada Ley Pierri, número 24.374, vinculada con la regularización dominial de inmuebles. Según la propuesta, podrán solicitar un título de propiedad quienes acrediten haber ocupado un inmueble de manera pacífica, ostensible y continua durante un período de diez años.

Con el dictamen ya firmado, el oficialismo busca ahora reunir los apoyos necesarios para llevar el proyecto al recinto y definir su aprobación definitiva. El debate volverá a poner en discusión los alcances de la iniciativa y los cambios incorporados durante su recorrido por el Congreso.