La crisis financiera desatada por la intervención de Ueno Bank provocó un fuerte terremoto político en Paraguay y llevó al presidente Santiago Peña a presentar su renuncia el jueves 5 de noviembre. El escándalo, que dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas, puso bajo la lupa los vínculos del mandatario con la entidad y abrió investigaciones sobre el manejo de fondos públicos.

El episodio también generó repercusiones en la Argentina, donde el presidente Javier Milei había destacado en reiteradas oportunidades el modelo económico paraguayo. “Paraguay es un ejemplo de lo que hay que hacer en materia económica”, había afirmado el mandatario argentino durante una exposición pública.

En la misma línea, el presidente del Banco Central argentino, Santiago Bausili, había elogiado la estabilidad del país vecino. Ahora, la crisis que atraviesa Paraguay plantea un escenario incómodo para el discurso oficial argentino, que había presentado a ese país como una referencia regional en materia económica.

Peña anunció su decisión a través de un video difundido en redes sociales. Allí sostuvo que buscaba preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas. Sin embargo, su renuncia no significó el cierre de la crisis institucional: la Cámara de Diputados rechazó la dimisión y aprobó someterlo a juicio político, mientras el proceso avanzó hacia el Senado.

La Fiscalía paraguaya, por su parte, incorporó al mandatario a las investigaciones vinculadas con Ueno Bank. Las actuaciones buscan determinar posibles responsabilidades en la supervisión de la entidad, el procedimiento de resolución y la colocación de fondos públicos en el banco.

La investigación se originó en una denuncia presentada por legisladores en octubre de 2025, que luego fue ampliada para incluir cuestionamientos sobre la actuación de autoridades del Banco Central del Paraguay y otros funcionarios.

En paralelo, el proceso de juicio político avanzó en el Congreso. Peña deberá ejercer su defensa ante el Senado o designar representantes para que lo hagan en su nombre. El mandatario aseguró que colaborará con las instituciones para esclarecer lo ocurrido y sostuvo que la devolución de los ahorros no debe quedar supeditada a su situación política.

“Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia”, expresó en una publicación en la red social X.

La crisis estalló después de que el Banco Central del Paraguay ordenara la intervención y el procedimiento de resolución de Ueno Bank, una entidad que contaba con alrededor de 2,9 millones de clientes en un país de aproximadamente 6,1 millones de habitantes.

La autoridad monetaria detectó que el índice de solvencia del banco había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. La situación dejó a numerosos usuarios sin posibilidad de acceder a sus depósitos y generó protestas frente a las sucursales, además de reclamos para que se garantice la devolución del dinero.

El impacto también alcanzó a organismos públicos que mantenían fondos depositados en la entidad, entre ellos el Instituto de Previsión Social, responsable de administrar recursos vinculados con el sistema jubilatorio paraguayo.

Peña había asumido la presidencia en agosto de 2023, después de ganar las elecciones con el 42 por ciento de los votos frente al opositor Efraín Alegre. Economista de formación, llegó al Gobierno con la promesa de generar medio millón de empleos, atraer inversiones y consolidar el crecimiento económico del país.

Su gestión extendió el predominio del Partido Colorado, que gobierna Paraguay desde hace décadas, con la excepción del período presidencial de Fernando Lugo, entre 2008 y 2012.

Sin embargo, el escándalo de Ueno Bank expuso tensiones dentro del oficialismo y profundizó los cuestionamientos sobre la relación entre el poder político y el sector financiero.

El analista Idilio Méndez, magíster en Proyectos de Inversión por la Universidad Nacional de Asunción, señaló en declaraciones a Página/12 que la salida de Peña también está atravesada por una disputa interna dentro del Partido Colorado. Según explicó, las diferencias entre el mandatario y Horacio Cartes, expresidente y actual titular de esa fuerza política, se profundizaron a partir de desacuerdos sobre la conformación de la fórmula presidencial para el próximo período.

Méndez sostuvo que el caso bancario terminó por exponer las disputas internas y las posibles irregularidades vinculadas con la entidad. También destacó el peso que tenía Ueno en el sistema financiero y su relación con los depósitos del sector público.

El especialista advirtió que las consecuencias económicas serán especialmente importantes para los ahorristas. Los depósitos cuentan con un mecanismo legal de garantía, aunque quienes superen los montos cubiertos podrían tener que esperar el proceso de liquidación de los activos del banco para recuperar el resto de sus fondos.

En ese sentido, recordó las consecuencias de la crisis financiera paraguaya de fines de la década de 1990 y comienzos de los años 2000, y alertó sobre el impacto que puede tener una nueva crisis de confianza en el sistema bancario.

A las investigaciones sobre el manejo de los recursos se sumaron cuestionamientos por el destino de fondos administrados por la entidad. Según publicó el medio español Diario Red, Ueno Bank habría financiado eventos vinculados con sectores de la ultraderecha internacional.

Entre las actividades mencionadas figura la Hispanic Prosperity Gala, realizada en el club Mar-a-Lago, propiedad del presidente estadounidense Donald Trump, en Florida. En ese evento fue distinguido el consultor político argentino Fernando Cerimedo, quien enfrenta investigaciones y acusaciones judiciales en Bolivia. Esas versiones sobre el financiamiento y el destino de los recursos deberán ser esclarecidas en el marco de las investigaciones correspondientes.

La crisis de Ueno Bank abrió así un escenario de incertidumbre económica y política en Paraguay. Mientras miles de usuarios reclaman recuperar sus ahorros, la Justicia investiga las responsabilidades en el manejo de la entidad y el Congreso avanza con el proceso contra Peña, cuya renuncia todavía debe atravesar las instancias institucionales correspondientes.