La tensión dentro del oficialismo comienza a reflejarse en los mercados y alimenta nuevas dudas sobre la estabilidad política y económica del Gobierno. La posibilidad de que Patricia Bullrich se aleje de La Libertad Avanza después de la visita del papa León XIV abrió un nuevo frente de conflicto para Javier Milei y encendió las alarmas entre los operadores financieros.

La incertidumbre se suma a una semana marcada por movimientos políticos y económicos en distintos países, retrocesos de dirigentes de la derecha internacional y una fuerte volatilidad en los mercados. En ese contexto, la relación entre Bullrich y la conducción libertaria atraviesa uno de sus momentos más delicados.

El martes, la senadora reunió a su espacio político en el búnker de Palermo. Según los participantes del encuentro, reclamó mayor autonomía y dejó abierta la posibilidad de dividir a sus 15 diputados y a alrededor de seis senadores si las diferencias con la conducción nacional se profundizan. Después de varias semanas de advertencias, la dirigente habría comenzado a avanzar hacia una estrategia propia.

La ley de Discapacidad aparece como uno de los principales puntos de conflicto. El miércoles, La Libertad Avanza y el peronismo firmaron en el Senado el dictamen del proyecto que había sido aprobado por la Cámara de Diputados. La Casa Rosada había enviado un borrador con modificaciones, pero Bullrich decidió no incorporarlas y sostuvo que el texto debía avanzar sin nuevos cambios porque la discusión ya estaba cerrada. La iniciativa podría convertirse en ley durante la sesión prevista para el 19 de noviembre.

El proyecto establece prestaciones actualizadas por inflación, fija condiciones para el pago de las pensiones y establece plazos para cancelar la deuda que el Estado mantiene con los prestadores. Contempla el reconocimiento de las obligaciones dentro de los 30 días posteriores a su promulgación y dispone que los pagos se realicen en un plazo de 90 días. De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, su costo fiscal no superaría el 0,04 por ciento del Producto Bruto Interno.

Para Bullrich, la iniciativa representa una oportunidad para diferenciarse de la Casa Rosada sin abandonar su discurso de responsabilidad fiscal. Además, se trata de un tema con respaldo de distintos sectores políticos y cuyo rechazo podría tener un costo importante en términos de imagen pública.

En el entorno de la senadora también observan con atención los cambios en el escenario internacional. La derrota electoral de Donald Trump en las elecciones de medio término de Estados Unidos, el retroceso del bolsonarismo en Brasil y la salida de Santiago Peña del Gobierno paraguayo son interpretados como señales de debilitamiento de distintos liderazgos de derecha. A ese panorama suman las dificultades políticas de otros dirigentes conservadores y consideran que el oficialismo argentino podría quedar expuesto a un cambio de tendencia regional.

La discusión no se limita a una eventual ruptura legislativa. En el espacio de Bullrich también aparecen especulaciones sobre la continuidad del mandato presidencial. Juan Pablo Arenaza, legislador porteño de La Libertad Avanza, sostuvo que en política las situaciones pueden cambiar de un día para otro y mencionó el caso paraguayo como ejemplo. En ese contexto, algunos sectores del bullrichismo observan la posibilidad de una crisis institucional, aunque no existe una definición pública de la senadora en ese sentido.

La incertidumbre política tiene su correlato económico. Un informe del Centro de Economía Política Argentina calculó que, desde abril de 2025, cuando se flexibilizaron las restricciones cambiarias, la formación de activos externos del sector privado acumuló 54.186 millones de dólares, una cifra equivalente al 349 por ciento de los desembolsos realizados por el Fondo Monetario Internacional.

Durante la semana, el dólar contado con liquidación superó los 1.700 pesos y llegó a registrar una brecha del 11 por ciento respecto del tipo de cambio mayorista. El economista Christhian Buteler vinculó el movimiento con la venta masiva de bonos y acciones y con una mayor demanda de dólares para buscar cobertura en el exterior.

Otro foco de preocupación está puesto en la disponibilidad de pesos y el funcionamiento del mercado financiero. El miércoles, el Tesoro recompró bonos por aproximadamente 1,75 billones de pesos, mientras que la tasa de caución llegó al 191 por ciento nominal anual y el Banco Central extendió la rueda de pases. Entre los operadores surgieron interrogantes sobre el destino de esas operaciones y el papel de los organismos públicos en las compras de títulos.

El problema de fondo es la falta de inversiones y la necesidad de conseguir divisas para afrontar los compromisos externos. Según datos de FLACSO y CIFRA, la inversión extranjera directa acumuló un saldo neto negativo de 1.878 millones de dólares entre 2024 y agosto de 2026. Con el riesgo país cerca de los 1.000 puntos y una importante concentración de vencimientos prevista para 2027, los inversores siguen sin encontrar certezas sobre cómo se obtendrán los dólares necesarios para cumplir con esas obligaciones.

La tensión también alcanza a los aliados políticos del Gobierno. Mauricio y Jorge Macri atraviesan un momento de distancia con Javier Milei y, de acuerdo con el escenario que describen los sondeos, ya no consideran que un acuerdo electoral con el Presidente en la Ciudad de Buenos Aires sea necesariamente conveniente. Los gobernadores que acompañaron algunas iniciativas de la Casa Rosada también evalúan el costo de sostener una alianza con un oficialismo cuya imagen comienza a deteriorarse.

Las necesidades financieras de las provincias, especialmente para afrontar salarios y aguinaldos, mantienen a varios mandatarios en una posición de colaboración táctica. Sin embargo, el vínculo político está lejos de mostrar la misma solidez que en los primeros meses de gestión. La posibilidad de que Bullrich encuentre respaldo en sectores provinciales aparece como otro elemento que inquieta a la conducción libertaria.

Frente a ese escenario, Karina Milei comenzó a mover sus piezas. El jueves organizó una jornada reservada en el auditorio de la Cámara de Diputados, con la participación de Martín Menem y la senadora Nadia Márquez. También estuvieron el ministro de Salud, Mario Lugones; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y la senadora Emilia Orozco, cercana al sector de Santiago Caputo.

El encuentro fue interpretado como una señal hacia Bullrich y su entorno: la conducción nacional no está dispuesta a ceder espacios de poder ante una eventual salida. La presencia de Márquez y Orozco también alimentó las versiones sobre posibles reemplazos en la conducción del bloque libertario del Senado y en las negociaciones legislativas con los gobernadores.

La actividad generó preocupación en el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien busca mantener un acuerdo con la Casa Rosada y evitar que otros sectores compitan por el mismo espacio electoral. Su situación también quedó atravesada por las repercusiones del escándalo político en Paraguay, donde la relación entre Horacio Cartes y Santiago Peña se deterioró a partir de cuestionamientos vinculados con la licitación del servicio de tecnología 5G a una empresa salteña.

La disputa por la ley de Discapacidad, mientras tanto, abrió otro frente de conflicto para el Gobierno, esta vez con la Iglesia católica. Aunque el oficialismo aceptó avanzar con el proyecto aprobado por Diputados, una modificación incluida en el Presupuesto 2027 encendió las alarmas en el Vaticano.

La iniciativa presupuestaria propone reemplazar el criterio de discapacidad por el de “invalidez laboral” y elimina el Certificado Único de Discapacidad como vía directa para acceder a una pensión. También establece que los requisitos quedarían sujetos a una futura reglamentación y plantea que cualquier empleo registrado o alta tributaria podría provocar la pérdida del beneficio, que actualmente admite compatibilidades de hasta dos salarios mínimos.

Además, los artículos 39 y 41 del proyecto establecen que el nomenclador de prestaciones no tendrá valores universales y que cada organismo obligado fijará los propios. La propuesta también deroga el artículo 8 de la ley de emergencia, que garantiza el programa médico para quienes reciben la pensión.

En sectores de la Iglesia interpretaron estos cambios como un intento de neutralizar los efectos de la ley de emergencia y postergar su aplicación hasta que el Presupuesto 2027 establezca nuevas condiciones. La conducción de la Conferencia Episcopal habría transmitido su preocupación ante la posibilidad de que el Papa se refiera públicamente al tema durante su visita a la Argentina.

Uno de los momentos de mayor expectativa será el lunes, cuando León XIV visite el Cotolengo Don Orione. En el Gobierno se preparan para un mensaje crítico del Pontífice, especialmente por la situación de las personas con discapacidad y el alcance de las políticas sociales. La expresión “justicia social”, cuestionada reiteradamente por Javier Milei, podría volver a ocupar un lugar central en el debate.

A las dificultades internas y al conflicto con la Iglesia se suma el escenario internacional del Presidente. Milei viajó nuevamente a Madrid, donde mantuvo un encuentro con Santiago Abascal, referente de Vox. Sin embargo, no participó de la ceremonia inaugural ni de la cena ofrecida por los reyes. Durante la Cumbre Iberoamericana tuvo un breve saludo con el presidente español, Pedro Sánchez, y volvió a expresar sus críticas al socialismo.

El mandatario argentino busca fortalecer sus vínculos con los sectores de derecha europeos y apuesta a que un eventual retroceso del socialismo español consolide un cambio político en el continente. Sin embargo, su estrategia internacional también lo expone a los resultados electorales de dirigentes con los que comparte afinidad ideológica, como Donald Trump.

El panorama que observa el mercado combina tres factores: un Presidente con dificultades para sostener sus principales alianzas internacionales, una interna oficialista que amenaza con profundizarse y gobernadores que comienzan a revisar su relación con la Casa Rosada. La Argentina enfrenta así un escenario de creciente incertidumbre, en el que la disputa por el poder dentro del oficialismo se suma a las dudas económicas y a una política exterior cada vez más cuestionada.